Bayer y el respeto a las acciones corporativas
Escrito por Enrique González Porras   
Miércoles, 03 de Julio de 2019 01:32

altSegún informó el martes 02 de julio de 2019 el portal Banca y Negocios, “la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (Fetrameco)

solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la intervención de la planta de producción de medicamentos de Bayer, que fue cerrada por la empresa como respuesta a la situación de depresión económica que vive el país.

Las acciones y políticas públicas resultan incoherentes y contradictorias en el país. En consecuencia, la baja predictibilidad de las acciones públicas aunada a una inseguridad jurídica e irrespeto de los derechos de propiedad, conjuntamente con la depauperación del poder de compra de la demanda y la pérdida de capital humano, están hundiendo al país en una enorme trampa de la pobreza.

Instituciones jurídicas-económicas como los derechos de propiedad y principios referidos a un estado de derecho en Venezuela resultan vacíos de contenido hasta el extremo.

Las acciones públicas suelen circunscribirse sobre consecuencias y no sobre las causas de los cierres de empresas, entre ellas muchas trasnacionales. Ejemplo de lo anterior lo constituye la reacción gubernamental “efervescente” cuando una empresa, consecuencia del deterioro del entorno económico y ante la inseguridad jurídica decide abandonar el país. Sólo cuando una empresa privada anuncia una decisión de salida del país, es que el Gobierno reacciona, evidenciando –toda vez que resulta práctica común- que le preocupa el costo político que a éste le representa dicha situación y no el costo social que se podría haber evitado de no haberse llegado a la situación extrema de cierre o salida de la empresa –así como su efecto dominó, no solo por la propia situación de inseguridad sino que en ocasiones muchas empresas que salen del país forman parte de una cadena vertical de valor bien como oferentes de insumos o como demandantes-.

El caso de la empresa Bayer podría resultar ilustrativo, porque sólo la salida y presión de grupos de interés, como los sindicatos, es lo que eventualmente podría hacer reaccionar al Gobierno. Sin embargo, el sostenimiento de la actividad económica producto de un juego positivo voluntario de mercado, virtuoso, donde el número de stakeholdersy beneficios respectivos superan y trascienden al sindicato y a los trabajadores actualmente empleados, parece importar poco al gobierno.

Dada la situación crítica del país en materia económica e institucional, señalada en numerosas oportunidades por parte del sector privado industrial, dependiendo del caso, podría justificarse la presencia en Venezuela por medio de una representación comercial –eventualmente mientras se transite el periodo de crisis-. Podría resultar razonable pensar que los costos evitables o incrementales para atender la poca profundidad de ciertos mercados en Venezuela y dado el depauperado poder de compra de la demanda, justifica modificar los modelos de negocio por medio de los cuales las empresas mantienen presencia en el país. Si la demanda se ha precarizado ¿a quién se le va a imponer el costo de permanencia de modelo de negocios eventualmente más onerosos? Las vías serían vía passhtrougha los precios –negado por el propio hecho de la depauperación de dicha demanda específica-, vía impositiva –distorsionando la economía y socializando el costo de fallas de gobierno que pudieran evitarse-, o vía financiamiento inorgánico –continuando echándole combustible a ese infierno que ha sido nuestro proceso inflacionario-.

¿Qué puede cambiar el Gobierno tomando activos y derechos de propiedad ajenos? ¿A quiénes protege siendo que pudiera haber existido y puede existir políticas previas o alternativas a una toma de empresa que pudieron haberse tomado en beneficio de una base mayor de stakeholders?

¿El irrespeto de los derechos de propiedad, de marcas, patentes y activos privados pueden compensar o revertir las consecuencias de un modelo que no se ha basado en masificar los intercambios, contratos, contrataciones, actividad económica, empleos, consumo, etc., de origen voluntario generador de riqueza en favor de una amplia base de stakeholders?

Por el contrario, aunado a la crisis macroeconómica se suma la enorme crisis de instituciones en el país, ingrediente este último fundamental en favor del progreso, así como para evitar arbitrariedades que disuaden el intercambio, la inversión, el empleo y las actividades económicas voluntarias, todas fuentes generadoras de Bienestar Social.

Dado que hay tan pocas luces respecto al buen diseño de las acciones públicas y regulatorias por parte del Gobierno, el sector privado debería desarrollar una tarea de análisis económico del derecho y de las políticas públicas que permita advertir a la sociedad sobre las consecuencias de las políticas erradas, permitiéndole ahorrar costos y distorsiones innecesarias.


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