Ciertos sectores económicos poseen características idiosincráticas que condicionan el comportamiento de los agentes económicos que hacen vida en él,

e impactan protagónicamente al resultado de sus mercados materializado en precios, eficiencia, cantidad producida y/u ofertada, innovación, calidad, diferenciación de productos y servicios, etc.

En el sector aéreo puede existir asimetrías entre barreras a la entrada y a la salida, dependiendo del país, que lo diferencian de muchos otros sectores donde existe cierta simetría entre las barreras a la entrada y las barreras a la salida –en ocasiones las primeras constituyen activos fijos importantes que hacen las veces de barrera a la entrada y a la salida, toda vez que se anticipan en la propia situación de entrada-. En otros casos y sectores, existen asimetrías en términos que las barreras de entrada superan a las barreras de salida por estar materializadas en costos hundidos.

En el caso del sector aéreo además de ciertas inversiones en activos e infraestructura, entrar en una ruta o mercado y lograr los permisos y habilitaciones resultan costosas y/o engorrosas. Sin embargo, la movilidad, incorporación o desincorporación de unidades a la flota podría ser técnicamente más sencillo.

Esta caracterización implica y exige que las políticas públicas deben ser previamente analizadas con rigor para evitar que un diseño inapropiado o incluso la caducidad de cierta normativa o regulación en materia económica, termine creando nuevas o mayores distorsiones en los mercados y en el funcionamiento del sector.

ALAV ha planteado la necesidad de librar las tarifas aéreas en el mercado doméstico venezolano. Como evidencia del deterioro en el desempeño del sector asoman que ha desaparecido alrededor del 70% de los asientos, y a pesar de que se explotan economías de densidad, usando el 100% de los asientos por vuelo, las tarifas dificultan las operaciones.

Lo anterior implica la desaparición de unidades asignadas a flotas por rutas domésticas. En este sentido, pinzar los márgenes de las aerolíneas o violentar su restricción de participación en el mercado, compromete el acceso a los servicios, incluso para consumidores dispuestos a asumir la corresponsabilidad parcial de los costos del mantenimiento y la operación de las rutas y viajes vía tarifaria.

Adicionalmente, un entorno inflacionario, con eventuales rezagos en los ajustes de tarifas, hace que no sólo se pincen los márgenes de las aerolíneas, sino que adicionalmente los precios relativos se vean distorsionados creando mayor demanda hacia las rutas domésticas exacerbando la impresión de escases en el servicio.

Como hemos manifestado con anterioridad, los controles de precios pueden ser concebidos como una “socialización” de los márgenes de las operaciones por medio de su pinzamiento, creando una situación de eventual expoliación y “agotamiento” de los activos utilizados para desarrollar la actividad económica en cuestión (un problema del tipo Tragedia de los Comunes). Los controles de precios y de tarifas prolongados en el tiempo terminan destruyendo incentivos dinámicos que atentan contra el propio sostenimiento del servicio especialmente en actividades económicas con costos y activos evitables o transferibles a otras actividades económicas.

Si bien nos hemos referido a un sector económico con cierta caracterización específica, el resto de los sectores económicos en el país no se encuentran exentos a fallas de gobierno derivadas de una errada concepción del modelo económico y de país, así como específicamente a las distorsiones y lesiones producto del mal diseño de numerosas políticas públicas y regulatorias.

La crisis económica venezolana y el fallido modelo de Estado planteado por la actual administración exige, al país, discutir un mínimo de consenso respecto a instituciones básicas alineadas con crecimiento y progreso. Entendemos que el sector privado muy especialmente, así como la academia, entre otros componentes de la sociedad, pueden y deberían contribuir con la creación de espacios e instituciones que analicen y propongan el diseño de instituciones jurídicas-económicas, así como políticas públicas que perfectamente encuentren alineado el interés económico general y los intereses particulares. El problema en Venezuela es que hemos caído en una especie de situación de miscoordination donde los afectados, atomizados, no parecen tener los incentivos para motorizar iniciativas que tengan por objetivo crear o rescatar instituciones formales e informales en Venezuela distintas a las instituciones rentistas y expoliadoras que imperan.