Falso dilema entre lo urgente y lo importante
Escrito por Enrique González Porras   
Jueves, 16 de Mayo de 2019 08:29

altLa evidencia resulta abrumadora en favor de cambios en la orientación de las políticas públicas.

Podría resultar útil intentar separar los temas de cómo se producirá el cambio de aquel del contenido y la orientación de las alternativas de políticas públicas. Esta separación podría resultar pertinente no porque resulte un tema independiente uno del otro, sino porque puede que tengamos más incertidumbres sobre el primer tema y una vez esté resuelto, el segundo, ipso facto debería estar a la mano para ser instrumentado debido al elevado costo de oportunidad de seguir las cosas como están –incluso un panorama claro sobre las acciones a futuro podría cambiar los pagos y las estrategias, cuando menos generando, eventualmente, algunas dominadas, las cuales para algunos jugadores relevantes con incidencia en el primer tema podrían resultar trascendentes, por lo que la secuencia temporal de ambos temas podría ser igualmente difuso, apoyando nuestra posición respecto a la necesidad de desarrollar contenido de políticas públicas-.

Probablemente los primeros esfuerzos y ejercicios de valoración de las necesidades en torno al marco institucional regulatorio venezolano pase por dos instancias o dimensiones. La primera, más refundacional, la constituye discutir, comprender y consensuar unas definiciones mínimas coherentes respecto a aquellas instituciones jurídicas, medios intermedios y bienes sociales a ser tutelados como proxy del Bienestar Social, que implicarán un mínimo de garantía del sentido común en el diseño y la instrumentalización de las políticas públicas y regulatorias. La segunda, más específica, revisar la pertinencia y vigencia de las políticas públicas en curso, así como el entramado legal-regulatorio transversal sobre la actividad económica, así como aquellas sectoriales, que pudieran erigirse como barreras a la entrada, como esquemas no deseados de desincentivos o de incentivos perversos, y fuente de fallas de gobierno por su inocuidad y despilfarro de recursos públicos con usos alternativos, o por su potencial distorsionante.

Por ejemplo, como lo destacan Alexander Elbittar y Elisa V. Mariscal en el prólogo del libro en español del profesor Massimo Motta, Política de Competencia: Teoría y Práctica (2018), la adopción y administración de normas podría ser producto de la necesidad y el cumplimiento de requisitos mandatorios para acceder a mercados supranacionales, o que forman parte de acuerdos internacionales de comercio que la nación haya suscrito o pueda suscribir en el futuro. Elbittar y Mariscal utilizan como ejemplo el proceso de adopción, aprobación y aplicación de la norma de competencia en México en 1992.

En este sentido, producto más de la necesidad o imposición “externa” que de la propia convicción nacional respecto a la importancia y al papel protagónico que puede desempeñar normativas como las de protección a la competencia en favor de la eficiencia, el Bienestar Social, el consumidor final y el desarrollo económico; Venezuela tendrá que confirmar en unos casos y adoptar en otras instituciones legales que se encuentran alineadas con el progreso –el trabajo requerido no es meramente enunciativo, obviamente-.

Para evitar lo que se ha hecho un lugar común en el país, no poseer bien delimitada una agenda y un discurso para el “día después”, especialmente dado el enorme deterioro económico-social e institucional del país, deberían encontrarse en marcha labores de análisis, discusión y valoración de las políticas públicas en “vigencia”, así como el diseño y la propuesta de eventuales políticas públicas alternativas en el caso que aplique, cuando no, la simple derogación por “caducidad”, inocuidad o sus efectos distorsionantes.

Sin embargo, puede de igual manera aprovecharse las dudas y rechazos que pudieran existir a lo largo de la población venezolana, hacia una serie de políticas populistas, cuyas promesas iniciales no han sido satisfechas y cuya falla, en ocasiones en su origen y, en otros casos en su diseño e implementación, han dejado claro a la sociedad venezolana lo contraproducente de la naturaleza de dichas políticas –por ejemplo, la creencia que el congelamiento de tarifas de servicios públicos de red no poseen impacto en el mediano plazo en la sostenibilidad de los servicios, su calidad y posibilidad de expansión no sólo en términos de nuevos usuarios, sino de nuevos servicios, innovación, etc. -.

Promover esta discusión de políticas puede constituir evidencia, señales y el mejor ejemplo de querer hacer las cosas diferentes en materia de políticas públicas, especialmente por parte de quienes constituirían una alternativa en favor del cambio y el progreso del país.

 


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