El día después
Escrito por Alexis Aponte | TW: @alexisaponte14   
Lunes, 13 de Mayo de 2019 19:01

altSe dice que el estado venezolano es propietario de unas 600 empresas que incluyen fincas y terrenos expropiados y expoliados, empresas que van desde PDVSA

hasta, industria lácteas y fabricantes de jugos, hoteles, telecomunicaciones, transporte aéreo, terrestres y marítimos, distribuidoras de alimentos, supermercados y bodegas. 

El estado es dueño y señor del sistema eléctrico, que abarca toda la cadena de producción de generación, distribución y comercialización de energía. Igual sucede con el sistema de dotación de agua potable. Propietario de un conglomerado de empresas en el estado Bolívar, que abarca desde la industrias básicas: hierro y aluminio, hasta minerales como el oro, diamantes, thorium, uranio y coltán. En materia de infraestructura el estado es dueño de aeropuertos, puertos, autopistas, medios y líneas de transporte. Es dueño del 50% del sistema financiero y con un porcentaje importante en el sector de seguros. 

Sin embargo, frente a este estado macro propietario, el resultado de gestión no puede ser más desastroso. Ningún activo en manos del estado funciona medianamente regular. La mayoría de esas empresas están paralizadas, un ejemplo que se puede homologar con el resto, lo tenemos en las grandes deficiencias en el servicio del Metro de Caracas. Lo predios agrícolas que antes de su apropiación por parte del gobierno, eran productivos en materia agrícola, carne, leche y fabricación de quesos, hoy día son un gamelotal, invadidos y abandonados. 

El fracaso del estado propietario es evidente y solo comparable a aquellas experiencias socialistas de China, la extinta Unión soviética, Cuba y Corea del Norte. Nada funciona y todo hace pensar que en el futuro, de no haber un cambio de gobierno, funcionarán peor o dejarán de funcionar, como el caso de CANTV que está muriendo a crédito. 

Ante esta triste realidad y en la imperiosa necesidad de convertirlos en productivos, eficientes y rentables, que elaboren productos y servicios de calidad, que contribuyan a eliminar la escasez de alimentos, a reducir la dependencia de las importaciones y por ende al ahorro de divisas. Que no signifiquen una carga presupuestaria para el estado, por el contrario, se conviertan en contribuyentes especiales del Seniat y fuentes generadoras de empleos. Por todo ello, tenemos que tomar decisiones y hacer propuestas coherentes, sistémicas y agresivas en materia de políticas públicas para revertir esta lamentable realidad. 

A tal efecto planteamos: ​Diseñar un proceso de subastas públicas ​que permita en un plazo perentorio la venta de todas esas propiedades. Tiene que ser un procedimiento expedito, dirigidos por personas honorables, honestas y que no hayan tenido relación con el objeto a subastar, para evitar suspicacias y dudas (lo cual a veces es inevitable). Este mecanismo nos evitaría toda una cadena de procesos engorrosos y detallistas, que retrasan las soluciones perentorias que la sociedad reclama. 

Los procesos de privatización conocidos, se caracterizan por ser complejos,ya que incluyen elaboración de modelos financiero, evaluación, rueda de negocios, presentaciones, estudios, investigaciones, informes, contratación de empresas especializadas, hasta llegar a la entrega y apertura de sobres, adjudicaciones y traspaso de la propiedad. Procesos que pueden llevar hasta un año en el mejor de los casos, pero que no se corresponden con la urgencia y crisis que atraviesa el país. 

Es pertinente hacer un comentario aparte sobre el tema de minerales estratégicos, como el oro, diamantes y otros de recientes descubrimientos como el thorium, uranio y coltán. Sobre estos se debe elaborar una política, no solamente económica financiera, sino también ambientalista y de las mejores prácticas para su explotación. Sin perder el objetivo central de un gobierno moderno el cual debe ser el privatizar todos esos activos productivos e improductivos. 

La crisis que vive el país, la tendencia de la economía mundial, la transparencia en la administración de recursos, la globalización y el aprovechamiento de las mejores experiencias en materia de gerencia pública, son las respuestas para todos aquellos que argumentan que ​se trata de empresas de seguridad nacional o estratégicas para el desarrollo nacional. Hasta el momento algunas de ellas solo han servido para la “seguridad nacional” de un estado punitivo, policial y militar. 

La escasez de recursos y la necesidad de comenzar a generar ingresos, incrementar la producción, generar empleos e incorporarnos al comercio internacional no puede esperar por procesos burocráticos. Una economía abierta, donde funcione los mercados de precios y salarios, se elimine la hiperinflación, en el cual se creen oportunidades, se preserve el salario real, que los servicios públicos funcionen eficientemente y se preste una educación y salud de calidad, es la base para que podamos iniciar el camino del desarrollo y la prosperidad. 

Por todo ello hacemos esta propuesta: Subastas públicas y abiertas​, en la cual participen todos aquellos interesados, calificados y con pruebas ciertas de tener el capital mínimo necesario para participar en dichos procesos financieros. !Ah! esto es válido y debe incluir todas aquellas empresas que maneja las Fuerzas Armadas, de manera que esa organización se dedique a su objetivo fundamental y no se transforme en una corporación más con prerrogativas económicas. 

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