Corresponsabilidad en los costos
Escrito por Enrique González Porras   
Miércoles, 24 de Abril de 2019 06:44

altEl tema referido a la calidad, acceso, y garantía de suministro de los servicios públicos en Venezuela reviste una enorme relevancia y prioridad.

Procesos de estatización de los servicios públicos que no han sido acompañados de mecanismos de procura y/o mecanismos de seguimiento e incentivos (aun cuando efectivamente constituye un caso particular aquel donde el proveedor es público, pero igualmente exponiendo a la sociedad a enormes problemas de agencia), aunado a los rezagos en los ajustes de las tarifas de los servicios públicos, han fundido, muy especialmente, al sector de servicios públicos de red en el país. 

Estadísticas y evidencia puntual del estancamiento en la penetración de dichos servicios, así como la “desconexión” forzosa por la imposibilidad de los proveedores de garantizar el servicio, han hecho retroceder al país décadas en términos de calidad de vida –especialmente comparado con sus pares en la región-.

Por un lado, el congelamiento de tarifas que en términos reales imposibilitan el sostenimiento, mantenimiento y por supuesto la expansión del alcance, así como la modernización de los servicios públicos de red han sido una nota distintiva del desgobierno populista chavista-madurista.

En este sentido, la corresponsabilidad del usuario con la sostenibilidad del servicio no existe como criterio, aun cuando posiblemente muchos de los usuarios se encuentran conscientes –dada que la fuerza de la evidencia y las circunstancias se lo han demostrado- respecto a la necesidad de hacer viable en el tiempo a los prestadores de los servicios públicos de red si se pretende contar con ellos a futuro.

Si bien dicho principio de gestión referido a la sostenibilidad financiera resulta de perogrullo, asimismo constituye un reto para un país dicho principio una vez que ha sido pulverizado el poder de compra de la moneda, ergo, de sueldos y salarios.

Es de esta manera que el acceso a los servicios públicos de red –como un objetivo de eventual política pública- así como la sostenibilidad del proveedor del servicio –si se quiere ante proveedores sin fines de lucro bajo propiedad del Estado con una restricción de participación mandatoria igual a cero- podrían encontrarse en tensión.

Ciertamente como hemos asomado con anterioridad, los controles de tarifas mal pueden constituir una política anti-inflacionaria –por más que exista una depauperación del salario, y que la proporción de dichas facturas sobre el presupuesto familiar pudiera ser elevado-, peor aun cuando distorsionan el consumo y podrían, indiscriminadamente, resultar regresivos, beneficiando a demandantes inframarginales.

Si bien la cuestión del acceso y las tarifas constituye en sí mismo un tema en extremo relevante, otro tema, por el otro lado, que no ha sido asomado en Venezuela a la luz pública es la corresponsabilidad de costos o compartición de costos –ya no exclusivamente con los usuarios- sino con oferentes en la medida que los mismos resultan deficitarios.

El problema agente-principal entre proveedores de servicios públicos de red, los reguladores sectoriales y la sociedad no es exclusiva para el caso de proveedores privados de dichos servicios. 

Ante casos de proveedores estatales de servicios públicos de red igualmente se presentan problemas de agencia. Sin mecanismos de incentivos, por ejemplo, porque exista financiamiento público irrestricto de los déficits de dichos prestadores de servicios, equivalente en términos de incentivos a esquemas de remuneración de la administración pública hacia los prestadores de los servicios públicos de red del tipo reembolso de costos; posiblemente no solo se esté observando distorsiones en la demanda sino posiblemente ratios de costos por unidad de servicio prestado extremadamente elevados.

Las alternativas para atender ambos principios de corresponsabilidad son diversas, y constituyen un tema ineludible. Venezuela requiere una instancia poderosa y técnica de análisis microeconómico de las políticas públicas, de análisis de impacto regulatorio, y de análisis económico del derecho. Entendemos que dicha instancia constituye en sí misma la mejor y mayor garantía de sentido común a las políticas públicas a futuro y la más honesta señal de que sí existe un proyecto de país con un Estado Benevolente.

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