El gobierno de los Estados Unidos a través de su portavoz para el tema Venezuela (Elliot Abrams) declaró, que las condiciones para la aplicación del artículo 187-11

(Constitución de la República de Venezuela) todavía no estaban dadas. Esto generó entusiasmo en el seno del régimen e incluso fue objeto de citas para desalentar a la oposición. Sin embargo, soltó como colofón que en los próximos días, aplicarían nuevas sanciones al gobierno y a todo aquel que realice operaciones económicas, comerciales y financieras con la “dictadura venezolana”. 

A las pocas horas el señor Mike Pence, declaró: “Bajo las dirección del presidente Trump hemos estado trabajando para cortar el flujo de dinero al régimen de Maduro, hemos sancionado a más de 50 funcionarios de la dictadura en Caracas (…) Hemos considerado más sanciones para el sector privado en los días que vienen…” Se entiende  cuando se refiere al sector privado, quiere decir, aquellas empresas que hagan alguna operación con el “gobierno venezolano” excepto aquellas autorizadas por el gobierno norteamericano. 

Más adelante, el mismo vocero, anunció sanciones contra “…34 cargueros que transportan petróleo venezolano…” gran parte de ellos eran dirigidos a Cuba, para ser procesados en la refinería de Cienfuegos, para luego ser vendidos en el mercado internacional. Esta medida golpea a dos grandes frentes en esta verdadera guerra económica: el primero a Venezuela, quien se ve imposibilitada en colocar petróleo en el mercado y satura sus niveles de inventario, por lo que se obligada a reducir la producción de crudo. El otro frente que se ve afectado por el coletazo de las sanciones es Cuba, quien así ve disminuida su cuota petrolera y por ende las ganancias en la intermediación.

Esta medida es un misil dirigido a la línea de flotación económica del régimen, ya que, afecta las finanzas y el ingreso de divisas, reduce la capacidad de producción petrolera, ésta se estima en un promedio de 774 mil barriles diarios durante el mes de marzo, cifra que está en el límite mínimo, para cancelar las obligaciones con China, Rusia y los acuerdos con Cuba y  Petrocaribe. En otras palabras, los afectados son varios países socios de Venezuela, algunos ya viendo las consecuencias de una moratoria en el pago de la deuda y por lo tanto en peligro sus acreencias con Venezuela. 

Otra noticia de importancia mundial y de seguridad nacional para la Unión Europea, lo constituye la incautación por parte de autoridades italiana de la ciudad de Trieste,  de cinco (5) toneladas de coltán, presuntamente extraído de Venezuela y embarcado desde el puerto de Cartagena en Colombia. 

Esta incautación es de suma gravedad para Venezuela, ya que el coltán es un mineral con un componente radiactivo utilizado en el procesamiento de energía nuclear y en la industria tecnológica,  y es en Venezuela uno de los pocos países del mundo en el cual se han encontrado yacimientos de dicho mineral. Tal decomiso por parte de la fiscalía italiana se basa en la violación de  tratados internacionales sobre la comercialización de minerales estratégicos. 

De ser cierta que no se han cumplido ciertos procedimientos legales y  administrativos internacionales para la exportación de dicho mineral, tal comportamiento se explicaría  en la desesperación de las autoridades venezolanas, por hacerse de divisas a cualquier precio y mediante operaciones al margen de las leyes, para así burlar las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. 

El alcance de las sanciones económicas es de tal magnitud, que en la práctica está estrangulando financieramente al gobierno. A éste no le queda más opciones que recurrir a la extracción masiva de minerales como el oro, coltan, diamantes y cualquier otro mineral de gran demanda en el mercado, transportarlo a través de los caminos verdes y venderlo a las mafias internacionales de minerales, que se prestan para evadir las leyes y sanciones internacionales.  

Es la crisis de divisas la cual explica el comportamiento del  gobierno a una acción tan delicada como la anterior, a una dolarización parcial del comercio en Venezuela, a la fijación del  precio del Dicóm por encima del dólar paralelo, como un estímulo para que las remesas se transen en la red financiera, que a la larga, irán al Banco Central de Venezuela. 

Las decisiones del gobierno norteamericano acorralan al gobierno venezolano, y no tenemos duda al decir, que son más fuertes a las aplicadas al gobierno cubano. Éste último por lo menos tiene el oxígeno de las remesas, el turismo y una población menor. En el caso Venezuela, las exigencias son mayores, y empieza a sentirse en el colapso de los servicios públicos, se agudiza la escasez, no aparecen las bolsas Clap, y la imagen de Venezuela en el mundo se proyecta  por su condición de estado fallido. 

El impacto de las sanciones económicas en un mundo globalizado es devastador, ya lo hemos visto en el caso de Irán, Irak, Rusia, que han sentido sus economías tambalear. Es verdad, las sanciones económicas no tumban gobierno, pero crean malestar y descontento social contra el gobierno de turno, haciendo inviable la gobernabilidad interna, más aún, en un país mono productor como el venezolano, cuyos ingresos totales, dependen en un 96% de la producción y exportación de petróleo. 

Casi seguro que en las próximas semanas  presenciaremos medidas más duras, que terminarán por ahogar las finanzas públicas y desafortunadamente, también seremos afectados los venezolanos en general. La crisis se agudizará  y en la misma medida la conflictividad social. Hay una percepción que comienza sentirse en una sociedad que está apartando el miedo impulsado por la desesperación y las necesidades de lo básico para el ser humano. 

Un cambio de gobierno, un acuerdo nacional, un gobierno de transición es necesario y urgente para poder comenzar a dar los pasos de una estabilización económica.