Modelo económico basado en falsos positivos
Escrito por Enrique González Porras   
Martes, 04 de Diciembre de 2018 05:56

altEl modelo económico del Socialismo del Siglo XXI basa sus reglas de juego sobre una premisa, “arbitraria” -que “justifica” de antemano la conculcación de derechos

y libertades económicas —como sería la presunción de culpabilidad de los agentes económicos—. Obviando por un segundo el hecho de que dicho modelo nunca ha sido concebido como uno para crear bienestar a la sociedad, sino que constituye un vulgar proyecto de poder para secuestrar de las instituciones en favor de grupos reducidos de interés; vale la pena algunas reflexiones positivas y finalmente normativas.

Un modelo de sociedad, y específicamente económico que posea dicha base fundacional implica finalmente imponer a la sociedad una regla donde se prefiere masificar -indiscriminadamente y sin la eventual selectividad que pudiera administrarse- un problema de falsos positivos versus eventuales problemas falsos negativos.

Dicha valoración oficialista, así como el diseño de regulaciones y eventuales estándares de prueba, a extremos de imponer regulaciones absolutas -véase el caso de la prohibición de las ventas atadas en Venezuela, o la presunción de hecho, de derecho y que en la práctica la doctrina de la SUNDDE parece haber desarrollado respecto a los inventarios como prácticas de acaparamiento- representa un enfoque intervencionista y regulatorio que valoraría más los costos derivados de un problema de falso negativo versus un problema de falso positivo. Sin embargo, este tipo de enfoque adolece de enormes falencias.

Entre otras, concebir que las relaciones económicas implican en su mayoría un juego suma cero -de hecho, contrariamente a esta concepción oficialista todo resultado libre y voluntario en mercados potencialmente competitivos implican un óptimo de Pareto-. Adicionalmente, lidiar con situaciones o conductas potencialmente lesivas a una de las partes, definiéndolas como contrarias a la ley de forma objetiva y/o absoluta, y en consecuencia prohibiéndolas exige un aparataje institucional y una serie de costos de enforcementextremadamente elevados -al punto de que un estándar menos absolutista ahorraría a la sociedad recursos, sin menoscabo del mayor costo que una sociedad basada en esta esquizofrenia debe asumir como son los enormes costos de oportunidad que implican masificar un problema de falsos positivos y disuadir o prohibir toda aquella actividad económica voluntaria mutua y socialmente generadora de bienestar y riqueza-.

En el caso opuesto, se tendría a un modelo de sociedad y económico, que se preocupa más por condenar a un inocente -si bien existe un universo de conductas o acciones que tendrían potenciales lesivos a terceros con mayor o menor posibilidad, imponer una concepción general de presunción de culpabilidad a todas luces parece desproporcionado y lesivo a la sociedad-, al punto de “regular” vía litigios, y con estándares de prueba no rígidos, más que por medio del Derecho escrito en forma de regulaciones prohibitivas y absolutistas.

En Venezuela las regulaciones en materia económica, muy específicamente en materia comercial, sus prohibiciones y tipicidades de conductas sancionables, aparte de carecer de microfundamentos y contenido, se han convertido en un fin en sí mismo.

Un ejemplo notable y lamentable de lo dicho anteriormente lo protagonizó un “gremio de profesionales y empresarios oficialistas” que solicitaría en una oportunidad hace algunos años que la SUNDDE desarrollara algún tipo de lineamiento que definiera el nivel de inventario legal para hacer administrable la prohibición o tipicidad de acaparamiento de la Ley Orgánica de Precios Justos. 

La propia Ley Orgánica de Precios Justos que implica un control de precios sobre todo bien y servicio en la economía, representa el mayor ejemplo de la aberración que implica desarrollar instituciones jurídicas regulatorias en materia comercial partiendo de la presunción de culpabilidad; irrespetando derechos de propiedad y libertades económicas; y sin contar con microfundamentos ni contenido sobre lo posible y lo plausible en materia de conductas y estrategias comerciales y corporativas con potencial lesivo.

Por otra parte, la reciente amenaza por parte de la Alcaldía de Maracaibo de expropiar a los locales comerciales ubicados en el casco central cuya actividad económica luzca ralentizada, en medio de la mayor hecatombe y recesión económica que haya visto Venezuela, constituye otro ejemplo absurdo.

Recientemente la toma de los mataderos a nivel nacional representa otra acción arbitraria para pretender imponer un congelamiento de precios en medio de la mayor hiperinflación proyectada que haya sufrido el continente.

Algunas instituciones y principios fundamentales como la presunción de inocencia, comprender que el juego en sociedad no constituye un juego suma cero, y contar con microfundamentos y contenidos en las regulaciones, resulta una necesidad fundacional para reconstruir la institucionalidad perdida. Cuando menos una comprensión de los justificativos normativos para la Regulación Económica debe discutirse y digerirse como sociedad y como principios técnicos a futuro. Pero todo esto debe iniciarse lo antes posible -incluso como una labor para defender a la sociedad venezolana del abuso de poder actual que destruye bienes social-.

 

 


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