La Expropiación como barrera de salida: peor el remedio que la enfermedad
Escrito por Enrique González Porras   
Domingo, 02 de Diciembre de 2018 00:00

altLas normativas y regulaciones pueden ser concebidas como mecanismos de incentivo o desincentivo, que dada sus cargas y sanciones (desempeñando funciones equivalentes a las que realizan los precios y los costos en los mercados),

y recayendo sobre los agentes económicos, implican señales y motivaciones para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. De hecho, el Análisis Económico del Derecho como disciplina de análisis, aplica herramientas de la microeconomía para positivamente ver qué resultados tendrá un entramado normativo como sistema de incentivos y “precios” sobre los agentes económicos.

La Alcaldía de Maracaibo por medio de una Notificación publicada el 28-11-2018 amenaza con expropiar locales comerciales e inmuebles que pudieran encontrarse “en estado de abandono parcial o total, en forma ociosa…”.

En una primera lectura algunos podrían pensar que dicho anuncio podría crear una presión sobre los propietarios de los inmuebles ubicados en el casco central de Maracaibo, zona referida en la Notificación, para mantener sus santamarías arriba, operando. Sin embargo, previamente a dicha Notificación debió responderse a la pregunta sobre qué pretende tutelarse -¿la actividad económica, y lidiar con la recesión y ralentización económica y comercial?-. De ser así, ¿dicha Notificación y amenaza corrige las causas de la ralentización económica? Más allá ¿Dicha Notificación e incentivos que pretende crear resultan más fuertes que las condiciones que ralentizan la actividad económica y comercial, o por el contrario podrían profundizarla y crear nuevas distorsiones indeseadas?

De hecho, este tipo de política distorsiona la libre y eficiente movilidad de recursos y activos de aquellas manos que menos valoran dichos activos -o que poseen menos profundidad en su capacidad de financiamiento- hacia otras que podrían valorarlos más; lo que podría estar entorpeciendo que la sociedad realice asignación eficiente de recursos y activos. Entre otras distorsiones que dicha Notificación crea se destacan:

Primero, una barrera de salida de esta naturaleza se convierte automáticamente en una barrera de entrada que dificulta la transferencia eficiencia de activos, y la entrada de nuevos inversionistas o agentes económicos.

Segundo, la amenaza de perder cualquier valor residual sobre dichos activos -dada las confiscaciones de hecho en Venezuela o debido a la tardanza en el pago del justiprecio- podría resultar un pobre incentivo a mantener operaciones, si por ejemplo producto de la caída de la demanda o por los controles de precios, el valor de reposición de los inventarios y el capital de trabajo resulta difícil de concretar o reconstituir en el mercado. Es conocido en economía que precios por debajo de los costos medios variables resultan condiciones de cierre de la actividad económica.

Tercero, las empresas con dificultades económicas podrían requerir financiamiento, aumentando sus problemas financieros por el simple hecho de evitar la pérdida patrimonial del activo-inmueble ante las condiciones antes descritas.

Cuarto, siendo que en términos generales no existe suficiente demanda o condiciones económicas-institucionales para mantener la actividad económica, nadie estaría dispuesto a adquirir el negocio en marcha y los inmueble involucrados. Así las cosas, esta Notificación podría ser utilizada para facilitarle una salida y cobro de valor residual del activo contra recursos públicos a sus propietarios, lo que abriría una enorme posibilidad de corrupción entre las partes involucradas.

Quinto, tal política podría poner en riesgo recursos públicos para pagar el justiprecio sobre bienes privados, cuando en el país se caracteriza por la ausencia de bienes públicos.

La mayoría de los problemas económicos en Venezuela se deben a la vulneración de instituciones jurídico-económicas alineadas con progreso como los derechos de propiedad. Un marco institucional perverso ha creado barrerás de entrada y ralentizado la actividad económica en el país. Venezuela requiere de un espacio de Análisis Económico del Derecho y de las Regulaciones que permita señalar todas y cada una de las políticas públicas y regulatorias que entorpecen retomar una senda de crecimiento económico y progreso.

 

 Economista UCV.

 


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