Precios acordados: chapucería y anclaje nominalista
Escrito por Enrique González Porras   
Lunes, 19 de Noviembre de 2018 00:00

altRecientemente la SUNDDE publicó una Providencia Administrativa por medio de la cual se pretende congelar los precios de una serie de medicamentos.

Semanas anteriores se amenazaba con tomar al sector ganadero con la intención de imponer los precios regulados de la carne.

Estos constituyen dos ejemplos del desgobierno que va destruyendo instituciones económicas fundamentales alineadas con el progreso y que terminan lesionando los incentivos para el buen funcionamiento de los mercados y el abastecimiento de productos.

Específica y dramáticamente, resulta obvio que el congelamiento de los precios de una serie de medicamentos no puede constituir la base de una política y de un sistema nacional de salud pública en país alguno. El bien salud, su protección o su “función de producción” multifactorial, no depende exclusivamente del precio de los medicamentos -lo que evidencia chapucería al extremo, sobre el consumo privado de productos esencialmente privados, ya que no nos estamos refiriendo a vacunas, ni a políticas de financiamiento al acceso-.

En el caso de la ganadería, sector con ciclos largos, pinzar sus márgenes por medio de un congelamiento de precios de la carne ante un escenario hiperinflacionario, es equivalente a reproducir un problema del tipo “tragedia de los comunes” -y destruir todo incentivo en el sostenimiento y la reproducción de los rebaños-.

Los procesos regulatorios, complejos y demandantes de periodos de tiempo de análisis y resguardo de participación de los oferentes en el proceso, exigen tecnicismo.

Más allá del esperado pinzamiento de márgenes producto de un congelamiento de precios en un escenario hiperinflacionario y en consecuencia la violación de la restricción de participación de los oferentes, colapsando la oferta y masificando el desabastecimiento y la escasez, existen otros detalles preocupantes.

En un extremo la regulación y los controles de precios pudieran estar cerrando la entrada de oferentes eficientes al mercado venezolano, reduciendo la oferta, la posibilidad de un aumento del abastecimiento y de la competencia en el mercado.

Por ejemplo, en la medida que los precios controlados de ciertos medicamentos ocurran a niveles inferiores a los costos incrementales de largo plazo, ninguna empresa entrará al mercado venezolano.

Adicionalmente, en la medida que dichos precios se encuentren por debajo de los costos evitables de corto plazo, las empresas farmacéuticas pequeñas de reducido portafolio, tenderán a abandonar el mercado, pudiendo mantenerse en el mercado sólo aquellas empresas grandes, con portafolios más amplios y con productos fuera de la regulación.

En este sentido, la entrada y sostenimiento de la presencia en Venezuela pudiera terminar significando la remuneración de un portafolio de productos, donde se perfeccionan subsidios cruzados, y donde los precios acordados terminan depredando a los oferentes pequeños instalados o potenciales entrantes a mantenerse fuera del mercado venezolano.

Así las cosas, eventualmente las empresas grandes ya instaladas, que no deben ponderar costos de entrada como los potenciales competidores, o que pueden disfrutar de subsidios cruzados entre productos serán las que eventualmente puedan mantener presencia en el mercado -sin menoscabo de que el pinzamiento promedio general sea muy grande o la remuneración del capital sea tan baja aun cuando los costos marginales en este tipo de mercados resulta bastante bajo. Asimismo, una vez valorado el riesgo de exportaciones paralelas no autorizadas en detrimento de mercados vecinos-.

Hasta dónde y hasta cuándo va a continuar esta política pública destructiva e irracional. Estas políticas de controles y anclajes nominalistas resultan típicas de la macroeconomía del populismo.

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