La tabla salarial |
Escrito por Alexis Aponte | X: @alexisaponte14 |
Martes, 09 de Octubre de 2018 00:00 |
El Ejecutivo Nacional impuso al sector público una “tabla salarial”, que nivela “hacia abajo” a todos los trabajadores, desconociendo los derechos obtenidos por medio de las luchas gremiales y sindicales, a todo lo largo del siglo XX, que se traduce en el pasado reciente en dirigentes sociales presos, heridos y asesinados por grupos armados y decenas de dirigentes campesinos indefensos ante el poder omnipotente. Los anuncios citados desconocen la progresividad de los derechos laborales, consagrados en la Constitución de la República de Venezuela. A tal efecto el artículo 89 en su numeral 1 “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales.”De continuación añade algo importante cuyo espíritu es determinante para diseñar políticas laborales públicas y privadas: “En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas y las apariencias.”Añadiríamos, “…sobre las formas, las apariencias, deseos y decretos.” En el numeral 2 del artículo citado el redactor de la actual Constitución precisa cuando dice: “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula, toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.” Sobra cualquier comentario adicional sobre la legitimidad de dicho Decreto. Lo anterior unido al decreto desproporcionado de salario mínimo para todo el sector público, privado y pensionados, destruye toda una política salarial, impactando negativamente la estructura de costos de las empresas, con las consecuencias de un cierre de empresas pequeñas y medianas que no aguantan tal aumento y en un mayor desempleo. El gobierno pretende crear una supuesta igualdad “obligada” muy distinta de la realidad objetiva en materia laboral. Experiencia con fracasos rotundos en aquellos países en los cuales se ha aplicado ese experimento. El gobierno desconoce toda la teoría administrativa de la organización del trabajo, empezando por el propio Karl Marx, quien en su Crítica al Programa de Gotha, lanzó aquello de: “a cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Ya el citado entendía que las capacidades y las necesidades de los trabajadores no eran iguales, por lo tanto requerían de un trato diferenciado. Frederick Taylor (1856-1935), uno de los padres de la Teoría Científica de la Administración, para esa época hablaba y escribía sobre la organización científica del trabajo, diferenciando trabajo afines, procesos productivos, creando incentivos por empleo y por tareas, estimulando la iniciativa, la eficiencia y la productividad. En la misma línea Henri Fayol (1841-1916) hacía aportes sobre el funcionamiento y organización de las empresas, en el cual los obreros jugaban un papel preponderante. Para no ser tan académicos, no citaremos teóricos más recientes como: Mayo, Barnard, Peter Drucker o Senge. En todo caso, lo que se quiere demostrar es la existencia de bastante literatura y experiencia en la administración y organización de las relaciones laborales, como para no cometer y repetir errores. El decreto en materia laboral no solamente es antieconómico, sino también inmoral, ya que al meter en una misma caja o tabla salarial a todo el personal de una organización es no reconocer la eficiencia y productividad, las destrezas y habilidades, la antigüedad, los estudios realizados, la lealtad para con la organización que existe entre ellos. Es un desprecio total a la meritocracia y a la iniciativa personal. Hagamos un solo ejercicio de imaginación al interior de cualquier universidad: ¿Por qué un profesor o investigador universitario va a concursar para ascender en el escalafón universitario, o elaborar un artículo arbitrado, realizar una investigación en un área específica o esmerarse en tener conocimiento de frontera? Esas actividades propias y obligantes en un profesor en las actuales condiciones de la universidad y con los decretos recientes es “pura voluntad”. Porque al final del día; todos somos iguales. Decisiones como las comentadas destruye empresas, disuelve las relaciones laborales hacia el interior de una organización pública o privada, debilita a las universidades y son inmorales porque no incentiva al esfuerzo, al trabajo productivo, al estudio, la superación diaria, la lealtad a las instituciones, al logro profesional y al ser un mejor ser humano. Desde el punto de vista económico, tendremos mayor hiperinflación, mayores aumentos de salario en las próximas semanas, menos actividad económica y mayor desempleo. Por supuesto, aumentará la conflictividad social. El gobierno no quiere entender el desastre socio económico y lo que gravita sobre el país, pero todo tiene solución, tarde o temprano. El costo para todos será mayor.
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