Gasolina y el congreso del PSUV: ¿Distopía o racionalidad? |
Escrito por Enrique González Porras | X: @enriquergp |
Martes, 31 de Julio de 2018 07:10 |
A Venezuela la han transformado en un enorme laboratorio con todas las implicaciones éticas que esto conlleva, entre otras -porque el tema requeriría más de un artículo exclusivo para ser analizado-, porque quienes administran la cosa pública poseen clarísimos intereses propios, porque existe un enorme problema agente-principal derivado de ello, y por las falencias técnicas, profesionales y cognitivas de los diseñadores de las políticas públicas en el país. Dicho lo anterior, en el Congreso del PSUV que actualmente se desarrolla en Venezuela se habría planteado la posibilidad de ajustar el precio de la gasolina. Más allá del hecho fáctico que con el nuevo cono monetario pagar en efectivo implicaría tener que utilizar cuando menos la moneda de menor denominación sin posibilidad de cambio y esto exigiría un ajuste de la gasolina que superaría 800.000%; el tema de los ajustes en el precio del combustible debe ciertamente ser debatido. Según representantes oficialistas las alternativas asomadas en dicho Congreso serían de dos tipos -por cierto no excluyentes entre sí tal cual como fue informado- un ajuste gradual del precio de la gasolina, o “alternativamente” fijar su precio a nivel internacional. Dado el eventual impacto que dicho ajuste podría tener sobre el presupuesto familiar, se asoma que por medio del Carnet de la Patria y un censo vehicular podría analizarse esquemas de subsidios o diferenciación de precios. La necesidad de un ajuste en los precios de la gasolina resulta obvio más allá del rezago de su precio en un país hiperinflacionario. El hecho cierto es que cualquier bien que se expenda a precios inferiores a sus costos debe, primero ser subsidiado por alguien -por ejemplo en un extremo vía inflación si se financia en bolívares que no provienen de los tributos, o requiriéndose dólares para su oferta por medio de una reducción en importaciones de otros bienes como alimentos, o alternativamente degradando y colapsando su oferta y servicio- y segundo, constituiría destrucción de bienestar sí por un lado la valoración del mismo por ciertos consumidores resulta inferior a su precio, o si existe uso alternativo de los recursos utilizados para garantizar su oferta que impliquen mayor valor para la sociedad -por mencionar algunos, seguridad, educación, infraestructura pública, etc.-. Sin embargo, el tema de un ajuste, cómo instrumentarlo, y de decidirse una política pública que implique diferenciación de precios requiere una discusión bastante técnica para resolver interrogantes que sólo asomaremos de forma no exhaustiva a continuación y que requiere de una discusión entre expertos en materia económica, regulatoria y de economía industrial:
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