El daño económico de los servicios públicos
Escrito por Alexis Aponte | TW: @alexisaponte14   
Martes, 17 de Julio de 2018 06:00

altUna ciudad con cortes no programados y suspensión del servicio eléctrico por días, es en la práctica una ciudad paralizada.

Introducción

El ministro de Energía Eléctrica señor Luis Motta Domínguez, ante una pregunta de un periodista de un diario de circulación nacional: ¿Cuánto tiempo podríamos estar sin el servicio de energía eléctrica? respondió lo siguiente: “…seis horas, cuatro horas, puede ser 12, puede ser ocho, puede ser cuatro, pero lo importante es que el pueblo realmente sepa acerca del racionamiento y se cumpla.” En otras palabras el racionamiento puede ser cualquier cantidad de horas o meses, el pueblo debe concientizar esa realidad y cumplirla. Por cierto, lo último no la cumplimos, la padecemos.  

En la misma declaración (Cantinflas era un experto enredando las cosas) agrega: “…estamos en crisis, la población debe saber que pueden quedar horas sin luz.” Tal declaración es una perogrullada, porque eso ya lo sabemos unos más y otros menos. Todo lo anterior fue el colapso del servicio eléctrico del cual es víctima el estado Zulia, y en concreto,  la ciudad de Maracaibo, en la cual varios municipios no han tenido servicio de electricidad por más de 30 horas continuas. 

Tal situación se hizo evidente en el estado  Zulia, dada las altas temperaturas que superan los 35 grados y algunas veces llega a 40 grados. Pero, esta situación es padecida por otras zonas del país y ya la estamos sintiendo en Caracas, donde cada vez es más frecuente el no contar con energía eléctrica. 

La declaración del ministro citado, podríamos ponerla en boca de la autoridad encargada del suministro de agua, del responsable de las telecomunicaciones y cualquier otro servicio necesario para tener una vida digna, sin necesidad de cambiarle muchas palabras. 

 

Análisis

El deterioro de los servicios públicos tiene una gran incidencia no solamente en la calidad de vida de los ciudadanos, derecho garantizado en la actual Constitución Nacional sino también en el área económica. “El Estado promoverá  y desarrollará  políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.” (Artículo 83 de la CRBV). Por lo tanto es una obligación del estado venezolano su prestación y desarrollo,  creando una relación biunívoca entre el estado-ciudadanos-usuarios clientes. 

Una ciudad con cortes no programados y suspensión del servicio eléctrico por días, es en la práctica una ciudad paralizada. No funcionan las clínicas, oficinas, empresas, centros comerciales, se paraliza el transporte aéreo, los semáforos no funcionan, por lo tanto el tráfico es una anarquía. El metro se paraliza, igual pasa con las empresas operadoras de telecomunicaciones, ya que las radios bases trabajan con energía eléctrica, por lo tanto las comunicaciones tienden a cero, no se puede ni cargar los celulares. Afecta la seguridad ciudadana porque una ciudad a oscuras es fácil presa de la delincuencias, amén de la imposibilidad de comunicarse con y entre los cuerpos de seguridad del estado. 

Es de conocimiento público las consecuencias perversas del no tener energía eléctrica; suspensión de clases, conferencias, de operaciones quirúrgicas, la realización de exámenes delicados y complejos como radiografías y  tomografías. La banca se paraliza, las transacciones de autorizaciones de pago y los negocios virtuales que dominan el mundo comercial de la actualidad no se pueden realizar.  La pregunta pertinente es: ¿Cuánto es la pérdida económica como consecuencia del colapso de los servicios públicos en Venezuela? Es difícil cuantificarla, 

Un ejercicio en forma empírica por ahora: si asumimos un Producto Interno Bruto (PIB) de unos 110 mil millones de dólares este año y lo calculamos diariamente, podríamos decir que  no tener energía eléctrica por 24 horas, la pérdida podría ser entre unos US$ 50/100 millones diarios (ya que hay actividades económicas que seguirán realizándose, que no requieren de energía eléctrica o que pueden trabajar con plantas accesorias, además que algunas regiones estarán con servicios y otras no). Lo mejor sería llevarlo a horas y cuantificar la cantidad de horas sin servicio a nivel nacional de las diferentes ciudades y caseríos. 

En todo caso en un país que tiene 14 trimestres con un PIB negativo, tales pérdidas económicas no ayudan en nada a su recuperación, por el contrario tiende a deprimirlo más aún. 

 

Conclusión y sugerencias

El deterioro de los servicios públicos afecta directamente al ciudadano en su calidad de vida, pero también afecta al gobierno. A éste último le resta legitimidad, credibilidad y autoridad frente a la sociedad. Es su obligación la prestación del servicio con eficiencia, en igualdad de condiciones, con capacidad de respuesta operativa y funcional en tiempo real, informar y resarcir daños por el mal servicio prestado y asumir su responsabilidad.  De eso se trata el bien común. 

La falta de luz eléctrica, agua potable, comunicaciones, educación y salud de calidad, transforma una república en grupos o masas depauperadas, propensas a la violencia política y social. Si la incapacidad es manifiesta,  además del despilfarro, (según especialistas en el tema eléctrico, se le han invertido en los últimos 10 años miles de  millones de dólares y actualmente requiere para medio estabilizarla de una inversión de US$ 300 millones, que no tenemos)  entonces, en un gobierno serio, estamos obligados a tomar decisiones trascendentales. 

Al igual que en PDVSA, en Corpolec, Cantv, Hidrocapital, requieren de una inyección de capital fresco y privado. En otras palabras, a despecho de algunos, si queremos tener servicios de calidad, en el menor tiempo posible y sin incurrir en nuevos endeudamientos, que haría más pesado el servicio de la deuda externa, tenemos que privatizar estas empresas y organismos para poder mejorar la calidad de vida del venezolano.  

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