Regulación, crisis y más regulación: capicúa
Escrito por Enrique González Porras   
Martes, 10 de Julio de 2018 04:24

altEl Gobierno y el oficialismo insiste en sus errores y confusiones en materia de política pública y regulatoria.

A pesar de lo inocuo en unos casos y lo distorsionante en otros, el oficialismo asoma y sugiere mayores regulaciones y controles, especialmente en materia de precios.

A pesar de que reiteradamente se le ha dicho al Ejecutivo respecto a lo distorsionante de los controles de precios aplicados en Venezuela, que desincentivan la oferta y la eficiencia, que pinzan los márgenes comprometiendo la restricción de participación de las empresas, que al desconocer costos económicos desincentivan la oferta y aumentan la brecha entre ésta y la demanda presionando a mayores precios que vacían un mercado desbastecido producto justamente de la regulación, a pesar de que causalmente, luego de la aprobación de leyes de controles de precios la inflación se ha acelerado en Venezuela; se continúan asomando y proponiendo mayores controles (al respecto leer el artículo “Hiperinflación y Regulación Cost-Plus”).

Por un lado, el Ejecutivo Nacional relanzó el Plan 50 con imposiciones más intrusivas, como la obligatoriedad de vender al Estado el 70% de la producción o de la oferta referida a los rubros y productos que componen dicho Plan (al respecto leer los artículos titulados “Plan 50: Primeros Resultados” y “SOS: País Extraviado en sus Controles”). Por el otro lado portales pro-oficialistas como el Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE) publican un artículo el viernes 05 de julio de 2018 titulado “¿Por qué suben los precios en Venezuela de la noche a la mañana (literalmente)?” donde adeptos al Gobierno asoman una serie de políticas regulatorias y sancionatorias para que sean instrumentadas.

Revisemos algunas de las propuestas y creencias expuestas en dicho artículo.

Primero, el psicólogo Luís Enrique Gavazut considera que la “escalada hiperinflacionaria” no está relacionada exclusivamente con el tema cambiario, monetario o petrolero sino que responde a la “concentración económica de fijación a voluntad de los precios”. Gavazut recuerda que Venezuela posee una economía de mercado donde la propiedad de los medios de producción está en manos de privados, que conforman monopolios y oligopolios. El psicólogo sugiere que el Estado puede presionar con mayores impuestos a las ganancias y al patrimonio y de igual manera puede decretar el monopsonio –donde existe un solo demandante– estatal obligatorio.

Segundo, el economista Ingerson Freites sugiere que se fortalezcan los mecanismos de control, como los impuestos a los precios altos. Según el portal OVRE, Freites adirmaría que “La política económica son controlesa diferencia de la opinión de los especialistas de la oposición, que generalmente atribuyen el alto costo de los bienes y servicios a las restricciones del Estado en cuanto al tipo de cambio”.

Respecto al primero, debe destacarse que el poder de mercado eventualmente constituiría un problema de nivel y no de tendencia o variación intertemporal de los precios como lo hemos explicado numerosas veces (al respecto leer el artículo “SOS: País Extraviado en sus Controles”). Gavazut es uno de los que propone un impuesto a la rentabilidad, lo que como hemos asomado en artículos anteriores pudiera comprometer la sostenibilidad de la política de gasto público y fiscal -a parte de terminar siendo regresiva- (al respecto leer el artículo “Las Implicaciones de un Impuesto a la Ganancia”). Adicionalmente, estas posiciones parten del prejuicio que la inflación no constituye un mal público sino una decisión individual de ejercicio de poder de mercado por parte de los particulares. Una propuesta como la de Gavazut pudiera destruir los incentivos para aumentar la rentabilidad por eficiencia o incluso por expansión de la producción y la oferta al explotar economías de escala -resultaría peor el remedio que la enfermedad-. Respecto a la propuesta de configurar un monopsonio universal público, más allá de los enormes costos asociados, tal posición desconoce el poder disciplinador de la demanda inframarginal en los mercados de consumo masivo. Puede resultar cierto que en Venezuela se esté produciendo un fenómeno generalizado de consolidación de mercados, no producto de un cambio en la tecnología en la oferta y/o producción, sino dado el brutal constreñimiento de la demanda producto de la pulverización del poder de compra del Bolivar. Pero tomar como dada esta situación o pretender actuar sobre las consecuencias y no sobre las causas constituye un enorme riesgo de falla de Gobierno.

Respecto al segundo, un impuesto a los precios, redundarán en un pass-throughhacia el precio que terminarán pagando los consumidores finales, hasta que se haya lesionado la eficiencia asignativa a un punto tal que se inicie el pinzamiento de los márgenes de las empresas, eventualmente comprometiendo la restricción de participación de la empresa y su oferta.

La riqueza y el bienestar es generado por los particulares, el excedente del consumidor que por excelencia se acumula en el bienestar social y que entre otras proviene de la eficiencia asignativa, se generan en intercambios voluntarios y gracias a la competencia en los mercados. La principal función del Estado es crear la plataforma legal e institucional para que tales relaciones, juego positivo, generadoras de riqueza se produzcan, evitándose por ejemplo comportamientos oportunistas. Toda acción regulatoria que distorsiona y lesiona incentivos a la oferta, termina configurando una falla de Gobierno y una lesión al consumidor final.

Venezuela requiere de numerosos espacios de análisis de las políticas públicas y regulatorios. Los prejuicios y errores de diseño en materia de políticas públicas y regulatorias están destruyendo la economía y la calidad de vida de los venezolanos.

 

 


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