¿Primacía de la política o de autoridades independientes?
Escrito por Enrique González Porras | X: @enriquergp   
Jueves, 08 de Junio de 2017 00:00

alt“En toda decisión de orden económico, la economía es la ciencia de los medios y las soluciones, no la de los objetivos.

En consecuencia, a la autoridad independiente se le confiará un mandato general, en el seno del cual evaluará, encontrará soluciones técnicas y dará muestras de independencia frente a los grupos de presión y de coherencia en las políticas”[1]. (Jean Tirole, Mayo 2017, Premio Nobel de Economía año 2014, experto en Regulación Económica)

Muchos objetivos de política pública no son ni decretables, mucho menos se encuentran de forma directa, ni tangibles, ni en “espacios” como el mercado como para adquirirlos a un precio determinado. Muchos de estos objetivos y bienes sociales son multifactoriales y en ocasiones resulta contra intuitivo el diseño de política que se requiere para coadyuvar a su consecución.

Algunos bienes sociales y objetivos de política pública requieren de una demanda derivada o secundaria de algún bien o servicio, toda vez que no se alcanza de forma directa -por ejemplo, un bajo nivel de morbilidad de la sociedad-.

Asimismo, las buenas intenciones no resultan suficientes, y garantizar que un Estado Benevolente que por definición buscaría maximizar el Bienestar Social, apunte a este objetivo, exige contar con instituciones y agencias independientes que permitan realizar análisis de impacto regulatorio, análisis costo-beneficios y valorar si el diseño de la política pública constituye la mejor de las alternativas para alcanzar el objetivo de política como podría ser la equidad, el acceso a la vivienda, a la salud, la creación de empleos, el crecimiento económico, desarrollo económico y el bienestar social.

Un mismo objetivo social, siempre loable, como podría ser el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la seguridad personal, a servicios públicos, a la equidad, entre muchos otros; cuenta con numerosas alternativas de diseño de política pública.

¿Cómo blindar o asegurar a la sociedad que sus objetivos sociales están contando en su instrumentalización con la mejor de las alternativas de diseño de política pública? ¿Qué tipo de institución, proceso de diseño y mecanismo regulatorio o de política pública permitiría evitar que se tomen alternativas no eficientes socialmente pero que pueden convenir a los políticos que administran la cosa pública y la toma de decisiones?

Pues en ello consiste la necesidad de crear instituciones y organismos independientes que técnicamente logren valorar todas las alternativas de política pública, en beneficio de la sociedad, del mejor y más eficiente uso de los recursos escasos y no en beneficio de grupos políticos o de interés de turno o que hayan podido capturar la administración pública.

Aquí radica la importancia de estas instituciones y organismos, que más allá de la posición política de todos y cada uno de los grupos políticos y de interés, se pueda objetivamente valorar las alternativas de política en favor de la sociedad.

¿Es que alguien podría cuestionar que ha habido buenas (y malas también) intenciones y se han enarbolado loables objetivos por muchos grupos políticos? -si desea piense en la izquierda o en la derecha- pero que sin embargo la sociedad requiere un análisis frío, no interesado y técnico que estime, valore y  analice las distintas alternativas para alcanzar estos objetivos -evitándose errores de política y ahorrando enormes recursos públicos con enorme costo de oportunidad social-.

 Por ejemplo, pocas personas cuestionarían que debería existir algún nivel de acceso a cierto tipo de bienes y servicios por parte de los ciudadanos que conforman la sociedad -lo anterior eventualmente persiguiendo un objetivo de equidad basado en el criterio del “velo de la ignorancia” producto de una larga tradición intelectual, inaugurada en Inglaterra en el siglo XVII por Thomas Hobbes y John Locke, que prosiguió en la Europa continental en el siglo XVIII con Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau (y su contrato social) y que se ha renovado recientemente en Estados Unidos con la teoría de la justicia del filósofo John Rawls (1971)-[2]. Lo anterior podría constituir un objetivo de política. Sin embargo, algo más complejo es identificar y valorar todas las alternativas para que lo anterior pueda lograrse. Por ejemplo, ¿cómo financiar tal acceso?, ¿qué mecanismo de financiamiento será utilizado?, ¿quién lo financiará y llevará tal carga?, ¿Quien lleva la carga, si es un tercero, se le está imponiendo una carga injusta o si es financiado vía el fisco, el costo de oportunidad social es muy elevado?, ¿quién financiará su producción u oferta?, ¿qué grado de corresponsabilidad tendrá el ciudadano al que se le garantiza el acceso?, ¿hasta qué punto está política genera un problema de riesgo moral?, ¿cuál es el costo de oportunidad social de los recursos destinados para perfeccionar esta política? ¿Se produce un efecto externo sobre terceros ciudadanos que tendría que ser ponderado por razones de justicia?

Los problemas de atomización de los dolientes por el mal diseño de políticas públicas deben evitarse por medio del desarrollo de este tipo de instituciones y organismos independientes. En ocasiones cuando el diseño de política pública lesiona a la sociedad, y los ciudadanos se encuentran atomizados, no cuentan con instituciones que los defiendan a ellos y a la sociedad de las malas políticas públicas y económicas.

Por ejemplo, “la independencia de los bancos centrales fue en todo el mundo consecuencia de las tensiones inflacionistas creadas por decisiones preelectorales. El sometimiento de las telecomunicaciones, de la energía y de las otras industrias denominadas de red a una regulación independiente (agencias y, en algunos países, jueces) es una reacción a la tentación del político (cuando la regulación la hace un ministerio) de bajar artificialmente los precios comprometiendo así a la larga la inversión y la viabilidad de las redes”.[3]

La precariedad de los resultados socio-económicos actuales en Venezuela, constituyen un ejemplo, de que el país requiere instituciones y organismos independientes y técnicos que puedan valorar las alternativas de política y en consecuencia identificar las fallas de muchas políticas vigentes, asomar las alternativas más eficientes y proponer las correcciones requeridas.

Un equilibrio entre lo político y las instancias y organizaciones regulatorias independientes resulta un compromiso creíble en forma de reglas e instituciones que permite evitar que el análisis de políticas y su diseño esté afectado por lo ciclos políticos o sus intereses particulares de espalda al bienestar social. Un equilibrio de esta naturaleza aplica igualmente entre el Estado y el mercado, especialmente cuando ambos resultan complementarios y nunca excluyentes. Por ejemplo, “crear empleo en la función pública no es crear empleo: de un modo u otro habrá que pagar el aumento de impuestos necesario para financiar dicho empleo”[4], por lo que el exceso de burocratización tiene no sólo efectos distorsionantes vía impuestos sino vía efecto desplazamiento del factor trabajo en el sector privado productivo.

Este tipo de instituciones garantiza el equilibrio y la eficiencia de las políticas públicas e igualmente de las normativas -incluso en un extremo las normas constitucionales, luego rígidas para remendar los errores incluidos en estas-, muy especialmente en episodios de crispación política donde posiciones extremas podrían imponerse en detrimento de la sociedad.

La creación de instancias independientes y separadas de otras instancias de los poderes del Estado se requiere en Venezuela, para cuando menos en materia económica y de políticas públicas analizar cómo instrumentalizar las “buenas intenciones” de los políticos en beneficio de la sociedad.


 

 

[1] Jean Tirole: La Economía del Bien Común. Editorial Taurus. Mayo 2017.

[2] Idem.

[3] Idem.

[4] Idem.


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