El reciente fallecimiento del artista Carlos Cruz Diez trae a mi memoria un triste y doloroso suceso ocurrido en 2005, con una de sus emblemáticas obras, el Muro Cromático,

de 2 kilómetros de largo, que se exhibía en La Guaira, en plena avenida Soublette.

Hubo un alcalde quien, junto con un militar, presidente de la empresa Puertos del Litoral, mandarria en mano, un buen día se les ocurrió destruir la obra de arte para instalar un portón. Semejante acto es propio de los regímenes totalitarios que odian el arte y la cultura, y sobremanera, la inteligencia. No solo ha sido este maltrato con el artista universal del cinetismo, también han ocurrido otros actos vandálicos contra estatuas, monumentos, pinturas, esculturas, publicaciones y hasta cierre de librerías y editoriales del Estado, como Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho. Peor aún, el despojo y destrucción de todo el arte funerario nacional, en cementerios históricos, como el de Bella Vista en Barquisimeto o el General del Sur, en Caracas.

Porque en los últimos 5 años el avance de los crímenes contra la cultura ya no se realiza en la oscuridad ni de manera anónima. La perversidad y maldad del chavizmo-socialismo está abiertamente dirigido a todo acto que intente elevar su voz, tomando a la creación, el arte y la cultura como defensa de la libertad y dignidad del ser venezolano. Creo que es momento para comenzar a denunciar al Estado venezolano y su régimen, como agentes criminales que cometen actos de terrorismo contra los bienes culturales, artistas e intelectuales.

Porque destruir una obra de arte es un crimen que debe ser investigado y sus autores sometidos a juicio y sentenciados, como lo dictan las leyes en toda sociedad que se llame civilizada.

En la Venezuela del chavizmo-socialismo se han cometido crímenes culturales tan graves y descarados, como el derribo de las estatuas de Cristóbal Colón, en Mérida, Puerto La Cruz y Caracas, la mutilación de la estatua de Francisco de Miranda, en Maracaibo o el cierre sin mayores explicaciones, de la gran mayoría de librerías Del Sur, a quien el tristemente célebre ministro de cultura, Farruco Sesto, le cambió el nombre tan emblemático y ancestral, Kuai-Mare. Así también, los atropellos contra los bienes culturales religiosos en varias iglesias venezolanas. La mutilación del monumento a la batalla de Ayacucho, en el parque que lleva su nombre, en Barquisimeto.

La quema de libros de varias bibliotecas públicas en ciudades, como Los Teques y Ciudad Bolívar. El despojo de colecciones de arte en varias instituciones, como las del Banco Central de Venezuela y el Museo de Arte Moderno de Caracas. Sea por desidia, por desconocimiento o porque sencillamente lo han permitido, el Estado venezolano y el régimen que detenta el poder, son directamente responsables de estos crímenes culturales. Este despojo debe verse como una afrenta contra la tradición y la memoria histórica y cultural de la república y los venezolanos.

Claramente se observa una orientación a permitir que la identidad nacional sea lesionada, fracturada, para introducir nuevas imágenes que se identifiquen con el llamado modelo revolucionario. Porque no hay otra manera de entender semejante acto de barbarie que se viene cometiendo contra la cultura nacional, el arte y la literatura.

No son simples actos vandálicos ni tampoco robos cometidos por traficantes de arte o mutiladores de oficio para comerciar metales, como el bronce. Es más que desidia, ineficiencia, descuido y descontrol en la protección de los bienes culturales de la república.

Es un proceso de destrucción sistemática de la tradición cultural del ser venezolano. Borrar toda huella, todo símbolo y toda imagen que signifique progreso y civilidad. Como lo es, el cambio de nombre de una entidad federal, el tradicional y simbólico estado Vargas para llamarlo ahora, La Guaira. Curiosamente el único estado que rendía honor a uno de los prohombres, el Dr. José María Vargas, quien promovió con mayor vehemencia la educación cívica y la civilidad en Venezuela.

Así como se han denunciado las torturas, asesinatos, la desnutrición y falta de alimentos y medicinas, la censura y persecución a los medios de comunicación, como delitos contra la humanidad. De igual manera y contundencia, deben denunciarse, con meticulosa investigación y documentación, la serie de crímenes cometidos por los agentes de la administración del Estado en el área cultural, quienes han estado al frente de estas instituciones.

Callar un crimen cultural es cobardía y sumisión.

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