La Escuela de Derecho de la Universidad Católica se pronuncia ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia respecto al Laudo Arbitral de París 

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO
CÁTEDRA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
DE LAS CÁTEDRAS DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DE INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL ANTE LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

La Cátedra de Derecho Internacional Público y la Cátedra de Instituciones de Derecho Internacional Público, ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia de fecha 18 de diciembre pasado, mediante la cual se declara con jurisdicción para conocer de la validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 y del asunto sobre arreglo definitivo de la controversia sobre la frontera terrestre entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, estiman imperativo formular el siguiente pronunciamiento, para el mejor entendimiento de la población y el bienestar de la Nación:

I. Teniendo en cuenta que:

1. Venezuela es miembro de la Naciones Unidas desde 1945 y junto con la Carta de la Organización suscribió el anexo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

2. De acuerdo con el artículo 94.1 de la Carta de las Naciones Unidas, cada Miembro "se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”"

3. Venezuela no ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, tal como lo dispone su Estatuto.

4. La Corte puede decidir sobre su propia jurisdicción, de conformidad con el artículo 36 de su Estatuto.

5. El articulo 53 del Estatuto establece que: "1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho".

6. La decisión adoptada por la Corte sobre su jurisdicción en este caso es definitiva, inapelable y obligatoria para Guyana y Venezuela.