Recientemente, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció la propuesta de una Ley de Condominios  que, en el mejor de los casos,

ha sido recibida con escepticismo, y a juicio de la Fracción Parlamentara 16 de Julio, cuya opinión ha sido requerida por varias comunidades de esa entidad federal, lo enunciado levanta demasiadas suspicacias.

Señaló el diputado Luis Barragán, vocero de la referida bancada parlamentaria, que "hay una perversa intención del régimen socialista, detrás del aparentemente ingenuo anuncio, pues, siempre ha tenido por objetivo el de acabar definitivamente con las clases medias que le han sobrevivido, esta vez, so pretexto del COVID19".

Indicó que "el  solo anuncio de una Ley de Condominios no basta para afirmar que se tiene una proyecto, porque lo responsable es que al menos  lo haga, precise su naturaleza y alcances, permita la libre discusión y participación de la ciudadanía y, sobre todo, respete el derecho constitucionalmente consagrado a la propiedad privada, violentado sistemáticamente por el régimen".

Alegó el diputado Barragán que hay un propósito que esconde la usurpación al "antojarse" de semejante ley:

"Por una parte, el régimen intenta de nuevo intervenir y golpear el derecho a la propiedad privada, soporte de las clases medias que le han sobrevivido, en las urbanizaciones y en las barriadas, buscando chantajearlas con el auxilio de un fondo económico a la que tendrán que contribuir, aportando la soga al cadalzo. Y, por  otra, consabida sus improvisaciones, ese propósito se antoja de una propuesta legal que nadie conoce, temen darle la debida publicidad y, en última instancia, técnicamente la improvisarán para contradecir otros instrumentos, como la Ley de Propiedad Horizontal y la propia Constitución, desconociendo el principio de la reserva  legal con la pretensión que los legisladores regionales de la usurpación reemplacen a la legítima Asamblea Nacional en  la materia, inventando otros tributos".

El parlamentario reconoció la emergencia que atraviesan fundamentalmente las clases medias para el mantenimiento de los inmuebles, pero observó que existen mecanismos ordinarios para atenderla:

"La clandestina propuesta, luce innecesaria aunque interesadamente útil para el régimen que desespera por crear nuevos impuestos para castigar a la ciudadanía a la que no le rinde cuentas de los gastos en los que incurre. Tiende una trampa con esta ley, porque muy bien puede crearse el fondo económico con  los recursos ordinarios de los que dispone y acordar los términos del auxilio que está en deber el Estado de prestar a las comunidades que no les brinda seguridad sanitaria, personal ni vial que ellas tanto han demandado. Por lo demás, recordemos, si no conocemos el más elemental boletín epidemiológico, mucho menos divulgan el monto formal y el real del presupuesto público que ejecutan en el estado Miranda".

Finalmente, observó que "faltándole imaginación, la usurpación desea crear una deuda artificial, sobre todo de las clases medias más ilustradas, para  luego ahorcarlas, como no lo han logrado hacer con las llamadas juntas comunales y otros medios innobles ya empleados".