Barragán: Es necesario un consenso democrático real para reconstruir a la institución castrense
Escrito por Redacción OyN   
Jueves, 21 de Marzo de 2019 06:33

altRecientemente, la Asamblea Nacional abordó  el problema militar con mayor atención de la acostumbrada.  

Lo hizo a propósito de un acuerdo sólo conocido al tratarse el punto en el Orden del Día, motivo por el cual la Fracción Parlamentaria se quejó en una  rueda de prensa - previa a la sesión - alegando que ella plantea y comparte sus propuestas con suficiente antelación.

Adscrito a la citada agrupación parlamentaria, el diputado Luis Barragán de Vente Venezuela, fue el vocero oficial en la plenaria. Reclamó en su intervención, el mayor aplomo y sobriedad posible para una materia que considera de extrema gravedad al compartir la Tribuna de Oradores con  Elièrzer Sirit (ponente del proyecto de Acuerdo, presidente de la Comisión Permanente de Defensa), Henry Ramos Allup (AD),  Franco Casella (VP), Omar Barboza (UNT), Angel Medina (PJ) y, en propiedad, los comentarios de Juan Guaidó (presdiente de la AN y encargado de la República), según consta en las redes.

Del tratamiento de la materia en el hemiciclo, llamó la atención la postura asumida por la Fracción 16 de Julio y, al respecto,  consultamos con el diputado Barragán, quien la ha atendido sistemáticamente, desde el pasado período legislativo (2011-2016), como ha ocurrido con otras áreas que lo caracterizan, como el Esequibo y la política cultural, amén de su más reciente incursión en los problemas económicos.

En su reciente discurso, se hizo notable un tratamiento académico del problema militar en Venezuela antes que político, por  ejemplo, con la ya recurrente alusión al Estado Cuartel. ¿Por qué apelar  a estas categorías más adecuadas para las aulas que para un foro político?

— Nuestro planteamiento es esencialmente político y, más que un problema del lenguaje, lo es el de su interpretación, pues, trillada hasta la saciedad, vemos a la entidad castrense con la misma mirada de tiempos ya pasados. No estamos en la Venezuela de los caudillos rurales que quebrantan a su antojo el texto constitucional, como en el siglo XIX, o en las dictaduras del concreto armado del XX y, aunque  el país petrolero ha retrocedido a la pre-modernidad,  en la Fuerza Armada Nacional surgió un proyecto corporativo de varias décadas que coincidió con la imposición de una dictadura socialista, por cierto, propuesta que derrotó en los años sesenta, que obligan a una perspectiva del análisis como el Estado Cuartel, un aporte de nuestra academia que deja atrás la simplicidad y hasta ingenuidad de un tratamiento largamente acostumbrado. ¿Continuaremos con el enfoque de las sargentadas en las repúblicas bananeras, cuando ellas están implicadas en proyectos extracontinentales que hacen la guerra y la estrategia desde terrenos antes impensables, aludidos por autores como Mary Kaldor o Lawrence Freedman? ¿Desconocemos todo lo que se ha reflexionado en el terreno de las relaciones civiles y militares, prisioneros de nociones hoy anacrónicas? Valga acotar, hemos tenido ocasión de tratar la relación entre academia y parlamento, pero definitivamente el asunto estriba en la necesidad de actualizar el discurso político y la perspectivas del problema desde un ángulo – si se quiere – desacostumbrado, que incluye un lenguaje diferente y, aunque parezca un término extraño y complicado (que no lo es),  el Estado Cuartel ayuda a comprender que la preeminencia del sector militar es distinta a la de otras épocas, pisando holgadamente el terreno económico y de toda la administración pública, por no citar el enteramente delictivo.

… Usted habló del Estado Criminal.

— Cierto, pero en un contexto de la crisis del mismo Estado en sus elementos básicos y existenciales: el ejercicio arbitrario y perverso del poder que impide el efectivo control del territorio, ya no sólo a manos del hampa común sino de fuerzas extrañas deliberadamente políticas que lo ocupan, y el genocidio activo y pasivo que afecta a la población. En la escalada, comprometida la Fuerza Armada por una cúpula que sustenta esta suerte de protectorado de la dictadura cubana, es demasiado evidente el saqueo del erario público y la conexión con las mafias internacionales que hicieron el contramilagro de quebrar a la industria petrolera, por ejemplo, además de llevarnos a una catástrofe humanitaria que se veía venir, desde 2014. Nada casual la enorme facilidad con la que los prohombres del régimen son objeto de las numerosas sanciones impuestas por otros Estados, vinculados al lavado de capitales que, entre rubros, constituyen una severa amenaza en el estricto ámbito delictivo. Y tampoco lo es que Carlos Rotondaro, al huir del país, como otros personajes del siniestro régimen, rindan un inicial testimonio de las tropelías, faltando por saberse cuán profunda ha cavado su propia tumba el socialismo que pretende arrastrar a la Fuerza Armada Nacional.

¿Por ello, hay quienes piensan en eliminarla en un futuro mediato o inmediato?

— En una sociedad libre y democrática, también es legítima la propuesta. Sin embargo, en lo personal, por las específicas dimensiones y características venezolanas, no creo pertinente su eliminación, sino la debida recuperación y reconstrucción de una institución castrense que, aprendida la lección, sea consecuente con las altas responsabilidades constitucionales que ha contraído, con un sentido y desarrollo profesional, convincentemente especializada en el sector defensa.  A nuestro juicio, esto sólo es posible en un Estado Constitucional, en una democracia liberal perfectible en la que distintos sectores sociales, políticos e ideológicos podamos coincidir a través de un pacto que supere el espíritu y eficacia que tuvo Puntofijo, o el de La Moncloa en España o Los Olivos en Argentina.

Usted hizo un cuestionamiento indirecto a   la ya vieja Doctrina de Seguridad y Defensa en el continente que compromete a los militares en las tareas del desarrollo nacional, aunque – contradictoriamente - el Acuerdo aprobado le reconoce aún el papel.

— Obviamente, hay reparos con un Acuerdo, cuyo proyecto sólo conocimos al comenzar la discusión. Votamos la iniciativa esencial, la de reinstitucionalizar a la Fuerza Armada Nacional e, incluso, reincorporar – dejando sin un efecto un decreto espurio del usurpador – a los efectivos militares tan injustamente sindicados y sancionados.  En nuestra modesta exposición, dejamos constancia de las diferencias y matices, salvaguardando una iniciativa que juzgamos fundamental en el ejercicio de la encargaduría presidencial de Juan Guaidó, a quien respaldamos. Empero, no siendo especialistas en la materia, asumimos que todos estos abusos y excesos de la incursión militar en las tareas que han sido del antidesarrollo,  tienen por inspiración esa escuela a la que usted se refiere, teniendo a Alfred Stepan como un autor marcador, por cierto, versionado por José Vicente Rangel en un breve libro de varias décadas atrás. Nadie niega la contribución que la institución castrense pueda hacer en este renglón, pero la más importante de todas es la de cumplir con una especialidad indelegable: el sector defensa, subordinado al poder civil.

Desde el pasado período constitucional (2011-2016), usted se interesó en el tema militar y, además, se relacionó con un sector especializado de la academia. ¿Cómo fue eso, al desempeñarse en otras áreas del trabajo parlamentario?

— Electo en 2010, como diputado por el estado Aragua, nuestro propósito fue el de trabajar las leyes militares, adelantados varios proyectos, pero – cosas del Reglamento Interior y de Debates –  el presidente de la Asamblea Nacional es quien decidió y todavía lo hace, el destino y ámbito de trabajo en las comisiones permanentes. Nos correspondió la de Cultura, donde libramos una larga e intensa batalla a propósito de la Ley Orgánica de Cultura, siendo después destinados a Política Exterior y, más tarde, Administración y Servicios. Nunca abandonamos el tema militar que lo tocamos recurrentemente en las sesiones plenarias, a propósito de las incontables solicitudes de crédito adicional. Ya habíamos transitado a autores como José Machillanda o Ricardo Sucre, pero dimos con otros que contribuyeron  una perspectiva muy rica, refiriéndonos a la escuela fundada por el insigne historiador, lamentablemente desaparecido, Domingo Irwin. Aún antes de conocerlos personalmente, fueron objeto de nuestra reflexión parlamentaria y han sido incontables las jornadas, seminarios y foros académicos compartidos, por ejemplo, con Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar, entre otros. Añadidas las experiencias editoriales, pues, el problema del Esequibo nos llevó a un trabajo arbitrado publicado en una importante compilación editada por la Universidad Metropolitana.

—  … Entonces, hay una línea de pensamiento.

— Hemos intentado elaborarla. Nuestras posturas en el pasado mandato legislativo, fueron recogidas en un  trabajo intitulado “Fuerza Armada y rentismo en Venezuela”, para un coloquio realizado en la Asamblea Nacional en 2016, fundado también en los viejos debates del Congreso de la República. Procuramos una necesaria coherencia, pues, nuestra más reciente intervención , no se explica sin otra, como la del 18/05/18, sobre la persecución política a civiles y militares. Además, para el contexto de un modelo y estrategia de desarrollo que condiciona a los militares, la del 06/03/19.  Disculpe la inelegancia, en una oportunidad recordamos aquella célebre sentencia de Talleyrand: “Las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”.

Para finalizar, usted habló de los deberes pendientes en la Asamblea Nacional en relación al problema militar. ¿Podría recordarlos?

— Planteamos de nuevo nuestra propuesta formulada desde el 19/02/19, sobre la autorización a la que se refiere el artículo 187, numeral 11 constitucional, pues, siendo un país ocupado por fuerzas extrañas e irregulares (cubanos, elenistas, faracos y paremos de contar), el pueblo venezolano no puede solo y la Fuerza Armada no puede sola para facilitar la distribución y recepción de la tan urgida ayuda humanitaria, como el restablecimiento del orden mínimo constitucional. Frecuentemente, se habla e invoca el artículo 328 de la Constitución, pero está pendiente el artículo 331 de la misma, en relación al papel del parlamento en los ascensos militares.  El legítimo TSJ ha versado en torno al empleo abusivo de la jurisdicción militar para dirimir las diferencias políticas, siendo necesario actualizar la legislación respectiva. Todo esto se resume en una necesidad impostergable: la de emplear a fondo todas las herramientas parlamentarias, tratándose de una institución ante todo ciudadana, para ejemplificar el consenso necesario e incluyente a objeto de pasar del quiebre a la transición definitiva. 

(*) Respuestas a un cuestionario de precisión de fuentes realizado para un trabajo parcial del doctorando PF (UCV), sobre el Parlamento y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (2019). Revisado.

 

 


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