Una  organización de exiliados en el sur de la Florida solicitó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que averigüe por qué el cónsul de Venezuela cuenta con una base de datos sobre los venezolanos que han recibido asilo político o estatus de refugiados en Estados Unidos. La Organización de Venezolanos en el Exilio (ORVEX) solicitó la investigación después que el cónsul Antonio Hernández Borgo dijera a El Nuevo Herald en septiembre que dispone de dichos datos. Según Borgo, esto permitiría al consulado en Miami negar el nuevo pasaporte biométrico a los venezolanos amparados por Estados Unidos.

``Ellos no pueden pisar territorio venezolano, así que no podrán renovar sus documentos'', declaró entonces Borgo a El Nuevo Herald.

Según Orvex, una base de datos de esa naturaleza podría estar violando importantes regulaciones federales en Estados Unidos, y atentaría contra las leyes internacionales que protegen a personas con estatus de asilados y refugiados por razones políticas.

``Las declaraciones del cónsul de Venezuela en Miami constituyen una amenaza real a los miles de venezolanos que huyen del régimen dictatorial de Hugo Chávez hacia los Estados Unidos'', declaró Elio Aponte, presidente de Orvex, que presentó la denuncia ante el FBI.

Agregó que si el gobierno venezolano tiene en sus manos estos datos ``podría tomar represalias contra los familiares que el refugiado todavía tenga en Venezuela, o incluso tomar represalias contra la misma persona que huye en caso de que sea deportada si su solicitud de asilo esdenegada''.

En el mencionado artículo, Borgo no explicó cómo serían identificados los casos ni cómo el consulado había obtenido la base de datos. Sin embargo, admitió que tenían conocimiento de los casos.

``Nosotros sabemos quiénes han obtenido asilo político'', dijo.

Cuando fue consultado por El Nuevo Herald el jueves, Borgo declinó comentar por qué se encontraba fuera del país, pero manifestó que a su regreso explicará lo que quiso decir con sus declaraciones.

En su denuncia ante el FBI, Aponte argumentó que la ley norteamericana prohíbe que la información sobre personas que solicitan asilo sean divulgadas a terceros o gobiernos extranjeros, salvo estrictas excepciones por razones de seguridad nacional.

Toda la información sobre personas que solicitan asilo en Estados Unidos está protegida legalmente, explicó María Trina Burgos, experta en temas de inmigración, en Miami.

``No hay manera de que un gobierno extranjero sepa quién ha obtenido el asilo o quién está aplicando para obtenerlo, a menos que el propio aplicante lo diga abiertamente'', dijo Burgos, que ha atendido varios casos de asilo político de alto perfil de venezolanos en el sur de laFlorida.

Agregó que los asilados que recibieron la residencia permanente tienen en sus tarjetas de identificación las letras ASY, que indican su condición de asilado.

Los asilados y refugiados gozan de protección de leyes y acuerdos internacionales que incluyen la Convención de 1951 sobre Refugiados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de los Derechos del Niño, dijo Aponte.

Además de la solicitud al FBI, la organización presentó denuncias ante el Congreso, la Fiscalía de la Florida y la Casa Blanca.

La oficina del FBI en Miami declinó hacer comentarios a El Nuevo Herald sobre la solicitud.

El Nuevo Herald