El Gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente Juan Guaidó expresan su satisfacción por las conclusiones de los expertos independientes

comisionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como un primer paso en el proceso de lograr justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La misión de investigación de la ONU encontró evidencia directa de la participación de Nicolás Maduro y sus Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa en crímenes de lesa humanidad, destacando casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas por fuerzas de seguridad entre 2014 y 2018.

Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encuentran las posiciones de estrés; asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; golpizas; descargas eléctricas; amenazas de muerte; amenazas de violación contra la víctima y/o familiares; tortura psicológica que incluye privación sensorial, iluminación constante y frío extremo; y desnudez forzada. El informe también incluyó recomendaciones a la comunidad internacional, incluyendo que los Estados consideren iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones y crímenes y, además, recomendó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome en cuenta las necesidades de las víctimas a fin de brindar justicia de manera oportuna.

Según el artículo 7 del tratado de la ONU que estableció la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad se define como un acto cometido como parte de un "ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil".

Desde 2014, las fuerzas democráticas del país comenzaron a denunciar graves violaciones a los derechos humanos. Estos relatos fueron confirmados por primera vez por el ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en su informe de 2018 cuando dijo: “Este informe (...) destaca la incapacidad de las autoridades venezolanas para responsabilizar a los perpetradores de graves derechos humanos violaciones que incluyen asesinatos, uso de fuerza excesiva contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura ”.

Posteriormente, los hallazgos fueron confirmados por el Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela que concluyó que durante las protestas masivas de 2014 y 2017, varios asesinatos de los manifestantes fueron llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los “colectivos” (grupos paramilitares bajo las órdenes del régimen de Maduro). El informe también encontró evidencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos y el patrón generalizado y sistemático de abuso contra la población civil en Venezuela.

Los hallazgos se confirmaron nuevamente en 2019 cuando la recién designada Alta Comisionada, Michelle Bachelet, descubrió que las fuerzas militares eran responsables de detenciones arbitrarias; malos tratos y tortura de personas críticas con el Gobierno y sus familiares; violencia sexual y de género durante la detención y durante las visitas; y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, así como ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas de Acción Especial del Régimen de Maduro (FAES). En el informe se recomendaba el establecimiento de una misión internacional independiente de investigación para Venezuela. Esta publicación de la Misión de Investigación el día de hoy es un primer paso para develar y detener las atrocidades masivas perpetradas por el régimen que venimos denunciando durante años a la comunidad internacional.

Creemos que en esta oportuna ocasión del 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, los Estados miembros tienen una oportunidad única de participar de manera significativa y poner fin a las mismas razones que allanaron el camino para la creación de la organización internacional. No podemos permitir que se ignoren las primeras señales de atrocidades masivas en Venezuela. Todavía hay 334 presos políticos tras las rejas, probablemente soportando las torturas descritas anteriormente y millones de venezolanos siguen expuestos a un riesgo continuo.

Instamos a la comunidad internacional a intervenir y ayudar al pueblo venezolano en nuestro intento de restaurar el merecido respeto a los Derechos Humanos, la Libertad y la Democracia a través de elecciones libres y justas, no a través de un fraude como el promovido por la dictadura. Los venezolanos tienen derecho al restablecimiento del respeto y cumplimiento de la vida, la justicia, las leyes y la Constitución.

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