El reto fue y sigue siendo  elemental: se hacen las elecciones de acuerdo al criterio unilateral y arbitrario de la usurpación que sólo tiene por prioridad realizar  las fraudulentas parlamentarias, o se celebran con un completo acatamiento al artículo 109 de la Constitución y a la Ley de Universidades, lo que implica organizarse intensamente para cualquier eventualidad, articulando una respuesta permanente de un liderazgo que es, en propiedad, de la sociedad civil. Y es, en relación a esta articulación, a la que ha renunciado el promedio de las autoridades universitarias, apostando por una cohabitación que nunca impedirá la progresiva y segura asfixia mecánica en curso. Luego, cada vez que llamamos la atención sobre la situación del sector, surgen voces que subestiman el incendio de la biblioteca central de la UDO, el derrumbe de la caminería de la UCV o la grosera imposición dizque judicial de las autoridades en LUZ, proclamando que ellas, exclusivamente, desde la universidad, están legitimadas para defenderla aunque – no hace falta mayores pruebas – el proceso de destrucción tiene por seña el miedo pavoroso, la abstención criminal, y el intento de congraciarse con los funcionarios de la usurpación que las cortejan en el ministerio de Educación Superior, en la sede de la gobernación del estado Carabobo, o quizás dispensándoles un favor personal. Ni siquiera se esmeran en balbucear alguna propuesta, ni elevar a la  consideración de la Asamblea Nacional una determinada iniciativa legal que contribuya a combatir la confusión reinante. Lo peor es que, por ironía, explícita o implícitamente, simpatizan y estimula la participación en los tales comicios parlamentarios, a veces, con el entusiasmo de defender l voto a todo evento, pero son renuentes a reivindicar las elecciones limpias, constitucionales y transparentes en cada universidad.

De compararlo con otras etapas de la vida republicana, son pocas las discusiones parlamentarias que se han dado sobre la materia, a pesar de las insólitas gravedades de un mismo problema. Después del informe de una comisión especial en 2016, fue a finales de 2018 que volvió al hemiciclo el asunto y, desde entonces, hemos acumulados nueve debates (en el último, recientemente, tuve el honor de participar). De estos nueve debates sobre la educación venezolana, la Fracción Parlamentaria ha intervenido en todos, refiriéndose enteramente al drama universitario. Hemos hecho un diagnóstico realista sobre la universidad que tenemos y a la que aspiramos, propulsado varios proyectos de acuerdo, planteadas sendas leyes para la Defensa de la Autonomía Universitaria y la simplificación de sus procesos electorales. E, incluso, avalado un proyecto de Ley Orgánica de Universidades. Ahí están en las redes nuestras iniciativas y el silencio que trata de imponer la cohabitación que aflora en la propia universidad frente a las mayorías de sus estudiantes y profesores. Por ello, nos complace el 50º aniversario de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), presidida por el prof. William Anseume que ha acompañado al parlamento en la más profunda y viva inquietud, constituyendo una de las  pocas excepciones: un gremio combativo, creador, de cívico coraje que marca una pauta y contrasta con el miedo reinante en el sector universitario, por lo  que se puede asegurar que es miedo de pocos ante esa mayoría  que está dispuesta a defender su universidad.