Incomprensible que un gobierno de nacionales con historia centenaria de emigrar, en masa, a nuestro país hoy, les pisotee,

a los venezolanos el principio de la “hospitalidad universal”.

De la presencia en suelo patrio de generaciones y generaciones de trinitarios, hay evidencia cálida, digna, que ya es indisoluble de nuestro gentilicio. En, El Callao, Tumeremo, San Félix, Puerto Ordaz -estado Bolívar-  Macuro, Paria, Güiria, Carúpano –estado Sucre-  y no solo en tales localidades sino a lo largo y ancho de la geografía patria. 

Cuando el bebé de un año fue asesinado, literalmente, y herida de gravedad, su madre, mientras navegaban junto a otros 20 refugiados venezolanos, en una embarcación precaria, por ráfagas de la guarda costera de Trinidad y Tobago, se rasgó, el Cielo de arriba a abajo. 

En los años recientes, se han multiplicado los atropellos de las autoridades de la nación insular contra nuestros compatriotas, que buscan su cobijo: familias enteras, incluidos, ancianos, niños particularmente, que huyen a causa del apocalipsis desencadenado por la narcosatrapía de Maduro Moros. 

“Cecodap”, ONG defensora de los derechos de los menores y adolescentes, documentaba episodios verdaderamente atroces. Para referirnos a uno solo, el de 29 venezolanos, entre ellos 16, impúberes, que fueron detenidos y devueltos a altamar por autoridades de la Isla, en medio de una tormenta, que hacía peligrar sus vidas. Tras una orden judicial, desacatada una y otra vez, por las autoridades policiales, éstas, se vieron compelidas por la opinión pública a regresar a los venezolanos, muchos de éllos, a la postre, detenidos, por larguísimos períodos. En virtud del principio de legalidad penal sólo es posible, castigar por lo que se ha hecho, no por lo que se es o por la sola pertenencia a determinado grupo.

Entre diversas modalidades de tratos crueles e inhumanos ejecutados por las autoridades de trinitarias, en perjuicio de los expatriados venezolanos, se multiplican,  situaciones de niños privados de libertad; adolescentes recluidos junto a  adultos; impedimentos de toda regularización de estatus de los refugiados. Por sino fuese suficiente, aquellos pocos, que después de los vía crucis ante las oficinas, de ACNUR, de Puerto España, han logrado sus credenciales han visto cómo los organismo de “seguridad” les hacen trizas, en sus propios rostros, de su carnés o credenciales que les acreditan como tales.

El ius migrandi, ínsito al elemental, instinto de supervivencia, es un derecho fundamental. En el envés de la atribución de cada Estado de velar sus fronteras, existe la obligación de respetar las garantías fundamentales de los migrantes forzosos.

Trinidad y Tobago, es Estado firmante (10 de noviembre de 2000) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y del Protocolo de tal norma internacional (1967). Además, es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que está obligado “internacionalmente a proteger los derechos de éstos que se encuentren en su territorio, independientemente de la nacionalidad que tengan”.

Kant, reivindicó de manara explícita no solo el “derecho a emigrar” sino también el “derecho a inmigrar”, que formuló como “tercer artículo definitivo para la paz perpetua”. Se trata -nos enseñó- “de un derecho y  no  de una filantropía. La hospitalidad  (Wirthbarkeit)  se concreta la expectativa legítima de todo extranjero a no sufrir trato hostil por la sola circunstancia de haber llegado a  territorio distinto al de su nacimiento”. En situaciones, como las actuales,  emigrar,  constituye la  única  opción  de  sobrevivencia  para  millares  de mis  compatriotas.

En febrero de 2021, el “Parlamento Internacional para los Derechos Humanos” (PIDH), otra destacada ONG, en materia de DD HH denunció que en los casos de los expatriados venezolanos, el gobierno de, Keith Rowley, Primer Ministro de Trinidad ha “violentado diversos instrumentos internacionales, entre otros, el Estatuto de Roma” que estableció la Corte Penal Internacional para juzgar delitos de lesa humanidad. 

Mientras, Rowley, comete crímenes aberrantes, generalizados o sistemáticos, con conocimiento de parte, como política de Estado, contra el grupo de venezolanos con derecho a  estatus de refugiados ¿Qué hacen sus compinches de la narcosatrapía, de, Maduro Moros, en la otra orilla de Mar Carabie? Lo pasan muy gordo, en medio de bacanales, como la celebrada en Kusari Tepuy o Cerro Venado, justo, frente a la Laguna de Canaima. 

Y se toman muchos, muchos selfis para exhibirlos y restregárselos en los rostros a los venezolanos más vulnerables.