El Kremlin fue tomado por sorpresa por la repentina crisis en Kazajistán que, habiendo comenzado como una protesta contra el alza

en los precios del combustible, se extendió por todo el vasto país a la velocidad del rayo la pasada semana y desembocó en violencia en la antigua capital, Almaty. Solo un par de días antes del Año Nuevo, el presidente ruso Vladimir Putin recibió tanto al actual presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, como a su enormemente influyente predecesor y patrocinador Nursultan Nazarbayev en San Petersburgo en una cumbre informal de varios líderes postsoviéticos. Nada de lo que ha sucedido estaba previsto en ese entonces. 

Tan pronto como los dos líderes regresaron a casa, estallaron las protestas. Provocadas por la eliminación de un tope en el precio del combustible para vehículos, las propias protestas fueron alimentadas por sentimientos generalizados de desigualdad, pobreza y corrupción en un país que vivió una gran bonanza de riqueza súbita en los primeros 2000, gracias a los inmensos ingresos petroleros del boom de aquellos años, pero que terminaron en corrupción y en manos de una pequeña élite de oligarcas asociados al gobierno de Nazarbáyev. En tres días, se incendiaron edificios gubernamentales y vehículos policiales, se saquearon bancos y tiendas, y los manifestantes ocuparon el aeropuerto internacional de Almaty. Cuando la policía intentó recuperar el control de Almaty, se informó que decenas de manifestantes y dieciocho agentes de seguridad resultaron muertos.

La rápida expansión de las protestas en tan vasto país, la debilidad inicial de la respuesta de las autoridades y el carácter cada vez más violento de las protestas han despertado el espectro del caos en un país que es aliado de Rusia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, su socio en la Unión Económica Euroasiática y su vecino al otro lado de la segunda frontera terrestre más larga del mundo (7.500 kilómetros), que está esencialmente desprotegida. De la población de Kazajistán de 19 millones, tres y medio millones son de etnia rusa.

Nunca hubo ilusiones en Moscú sobre el régimen de Kazajistán. Algunas de sus características, como el autoritarismo, se consideraban principalmente estabilizadoras, mientras que otras, como la corrupción, se consideraban inevitables en un país rico en petróleo. Aún otros, como la política exterior de múltiples vectores de la nación de Asia Central, un acto de equilibrio entre Rusia, China, Occidente y Turquía, aunque nominalmente era un aliado de Moscú, eran simplemente irritantes.

En Kazajistán, Rusia tenía el mismo problema que en Bielorrusia: el régimen gobernante ha logrado monopolizar los contactos políticos de Moscú en el país. En la élite política, cualquier persona sospechosa de tener vínculos demasiado estrechos con Rusia fue reemplazada y aislada. Además, para preservar relaciones estables con un importante aliado, socio y vecino, la Rusia oficial a menudo ha hecho la vista gorda ante el aumento del nacionalismo étnico kazajo y los informes de discriminación de facto contra los rusos étnicos en el país.

Tokayev no es de ninguna manera cliente de Moscú, pero permitir que él (y Nazarbáyev también, por fin) sea derrocado, en el pensamiento de Moscú, permitiría que las fuerzas del ultranacionalismo pasaran a primer plano, probablemente seguidas en algún momento por los radicales islamistas. Entonces, Tokayev debe ser salvado, al igual que el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el verano de 2020, cuando estallaron las protestas allí.

Sin embargo, a diferencia de Lukashenko, Tokayev no es un gobernante absoluto. No tiene pleno poder y autoridad, ni sus fuerzas policiales y militares están tan motivadas como sus colegas bielorrusos para hacer frente a las protestas por su cuenta. Dado que los disturbios no muestran signos de disminuir, a pesar de la renuncia del gobierno y el despido de Nazarbáyev como presidente del Consejo de Seguridad del país por parte de Tokayev, el presidente kazajo se vio obligado a pedir una intervención externa. El 5 de enero, hizo un llamamiento a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) liderada por Rusia para que lo ayude a combatir lo que describió como una “amenaza terrorista” de bandas entrenadas en el extranjero. Este aspecto es importante: la OTSC es una alianza de defensa cuyo mandato no cubre los disturbios internos.

Rusia respondió rápidamente al llamamiento y organizó una fuerza de mantenimiento de la paz de la OTSC, enviando 3.000 paracaidistas a Kazajistán el 6 de Enero pasado. Los otros miembros de la OTSC (Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán) también están enviando contingentes simbólicos de entre setenta y quinientos soldados cada uno. Este es el primer compromiso real del bloque desde su creación en 1999. Sensible al sentimiento popular en Kazajistán, Moscú ha tenido cuidado desde el principio de limitar el mandato de la fuerza a asegurar instalaciones estratégicas y otros activos importantes, dejando la tarea de tratar con los manifestantes a la policía y al ejército de Kazajistán.

La intervención militar en Kazajistán es un movimiento significativo de Rusia y está plagado de riesgos. Si la misión de las fuerzas rusas se expandiera, eso conduciría a la alienación masiva del pueblo kazajo de Rusia, o incluso a su abierta hostilidad y resistencia. Esto, a su vez, repercutiría en la propia Rusia, donde las primeras encuestas sugieren que el doble de personas se oponen al envío de tropas a Kazajistán que las que apoyan la medida. 

Alternativamente, si Rusia logra apuntalar el régimen y hacerlo más pro-ruso, no solo en palabras, sino también en hechos, entonces Kazajistán, como Bielorrusia, podría convertirse en un aliado y socio más confiable para Rusia. La política exterior multivectorial de Nur-Sultan se racionalizaría entonces, como sucedió recientemente en Minsk y Ereván. En este punto, las probabilidades parecen favorecer el último escenario, lo que explica la decisión del Kremlin de seguir adelante con la intervención.