En medio de uno de los peores momentos de las relaciones entre Colombia y Venezuela, turbulentas y ensombrecidas desde que el teniente coronel Hugo Chávez accediera al Poder hace una década con un proyecto expansionista basado en su alianza estratégica con las FARC, el presidente Álvaro Uribe pronunció el famoso discurso de Calamar

en el que emitió las más graves acusaciones jamás emitidas por presidente colombiano alguno contra un primer mandatario venezolano. Acusaciones tan fundadas, tan graves y preñadas de tan graves consecuencias, que ninguna carantoña ni declaración de buenas intenciones, ningún palmoteo de espalda como las que en efecto se dieran posteriormente en encuentros binacionales y multilaterales, podrían borrar del pesado fardo que lastra nuestras relaciones. Son una espina en el corazón de nuestra diplomacia.

Desde grosero e insultante hasta filo terrorista y entrometido, desde imperial hasta incendiario y desde mentiroso hasta oportunista, desde promotor de las narco guerrillas hasta abusador y confianzudo, Uribe no dejó epíteto ni calificativo fuera del tintero. Fue incluso más lejos: lo acusó de atropellar la dignidad de los venezolanos y hacerle un muy flaco favor a su pueblo. Nuestro pueblo.

No hacía más que devolver, con creces, los insultos, adjetivos y ofensas recibidas del teniente coronel, según un ex primer ministro inglés el campeón mundial de las ofensas, propias de deslenguados bachilleres. Y reaccionar ante una intolerable injerencia en los asuntos internos de Colombia. Lo que asombra de este intercambio de insólitos e hiperbólicos adjetivos es que las relaciones entre los dos países no se hayan cortado, la diplomacia de Estado - si a la que se practica de este lado de la frontera se la puede calificar de tal y no sea la simple y brutal expresión de las ambiciones y caprichos de nuestro primer mandatario ˆ haya seguido su curso y las relaciones se hayan mantenido dentro de los márgenes de lo tolerable. 

Si ello ha sido así, no se ha debido a la voluntad de los mandatarios, sino a la necesidad de dos pueblos que se necesitan y complementan desde los tiempos de la Gran Colombia. No se ha debido ni a las fuerzas armadas ni a sus elites políticas. Se ha debido a un flujo de intercambio comercial fronterizo que bordea los ocho mil millones de dólares, cifra que solapa los miles de puestos de trabajo, los cientos de empresas y los millones de dólares en inversiones que transitan de un lado al otro en un tráfico de mercancías verdaderamente impresionante. En una balanza comercial inmensamente favorable a los colombianos pero asimismo indispensable en mercancías y productos para los venezolanos, convertida su economía, como en efecto, en una economía de puertos. 

Mentiríamos si atribuyéramos a cualquiera de ambos mandatarios la existencia de los problemas y malentendidos entre ambas naciones. Pero lo cierto es que a los ingredientes de los pleitos del pasado, todos o casi todos de naturaleza limítrofe, se han venido a unir desde el ascenso de Hugo Chávez al Poder dos asuntos de candente actualidad y dramática trascendencia: las simpatías del presidente venezolano por las FARC y su inclusión en su proyecto de dominación continental, por una parte; y la marcada inclinación existente en las altas esferas del gobierno venezolano por quienes trafican con estupefacientes y nos han convertido en el más importante corredor para el traslado de gigantescos alijos desde Bolivia y Colombia, pasando por Venezuela con el aparente beneplácito de altos mandos de nuestras fuerzas armadas y autoridades de gobierno hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Un asunto de gran calado que ha situado a nuestro país y a su gobierno en el ojo del huracán de ambos temas de primerísima importancia para cualquier gobierno de los Estados Unidos: el terrorismo y el narcotráfico.
nbsp;   Si a ambos factores tan gravitantes en el enrarecimiento de nuestras relaciones internacionales se suman las reiteradas revelaciones que vinculan al gobierno de Venezuela con el tráfico de armas a favor de las FARC, y las aparentemente  inexplicables razones del rechazo y repudio de nuestro gobierno a la cooperación de las fuerzas armadas colombianas con sus pares norteamericanos, se tiene un sombrío panorama futuro. El mejoramiento de esta situación, ya está visto, no depende de un cambio de orientación en el actual gobierno. Depende de un cambio de gobierno. Todo indica que las fuerzas opositoras avanzan hacia la posibilidad objetiva de que el actual gobierno culmine su mandato en el 2012 y que en el 2010 se verifique un cambio trascendental en el escenario político nacional, con una recomposición de la Asamblea Nacional. 

Desde opinionynoticias.com hacemos votos porque dichos cambios tengan lugar y las tendencias dominantes en nuestro proceso histórico político no sean alteradas mediante argucias seudo legales o la brutal imposición de la fuerza. Es de esperar que el gobierno tenga la sensatez y la inteligencia de comprenderlo. De no hacerlo, arriesga circunstancias indeseables, que todos rechazamos.